La realidad muestra que no existe la supuesta persecución judicial a los militares que participaron en la lucha contra el terrorismo, de la que suelen quejarse algunos altos mandos de las Fuerzas Armadas.Según las estadísticas de la Sala Penal Nacional que juzga los casos contra los Derechos Humanos, de enero 2005 a diciembre 2007 se dictaron 25 sentencias por asesinatos y desaparición forzada ocurridas en la guerra contra el terrorismo.
De esos fallos, recibieron condena 22 procesados: 16 policías y 6 militares. En esos juicios se absolvió a 43 policías y 13 ex oficiales y subalternos del Ejército, quienes también fueron acusados por crímenes de lesa humanidad.
"Los jueces no perseguimos a nadie. Con la mayor independencia posible, se juzga y condena en base a pruebas que presenta la fiscalía; y cuando no las hay, por diversos motivos, se debe absolver", explicó el presidente del referido tribunal, Pablo Talavera.
El juez aclaró que en los casos de Derechos Humanos es difícil tener pruebas porque generalmente no quedan testigos.
En otros casos, explicó Talavera, se denunció a toda una patrulla, pero en el juicio aparece que solo unos cuantos participaron en el crimen.
SENTENCIAS
Entre los casos sentenciados por la SPN se encuentran las desapariciones del estudiante Castillo Páez y de las autoridades de Chuschi, el asesinato del periodista Hugo Bustíos y otros casos menos publicitados, pero no por ellos menos violentos. Los asesinos de Hugo Bustíos, los ex oficiales del Ejército Víctor La Vera y Amador Vidal, fueron condenados a 17 y 15 años de prisión por asesinato. A Bustíos le dispararon y volaron su cuerpo con explosivos.
Igualmente, condenaron a 6 y 14 años de prisión al alférez PNP (r) Luis Mariano Juárez y al teniente EP Collins Collantes, por la desaparición de seis autoridades civiles y comunales del poblado de Chuschi, en Ayacucho, en 1981. (La Republica)
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