Saltó… el avión

Hace casi un año –cuando se publicó el Decreto Supremo disponiendo la “venta inmediata” del avión presidencial Boeing 737–, concluimos nuestra columna interrogando “¿Hasta cuándo seguirán las cortinas de humo?”. Ahora que el Consejo de Ministros ha acordado cancelar la dichosa venta, el asunto no huele a humo sino a papelón.

Por decisión del presidente García, el denominado “avión presidencial” –infamemente conocido como “avión parrandero”–, no ha sido usado para el desplazamiento del jefe de Estado desde el 28 de julio de 2006, y todo parece indicar que desde entonces, se quedó estacionado en tierra en óptimas condiciones operativas con los enormes costos que ello significa. El 20 de febrero de 2007, después de más de seis meses del úkase gubernamental, recién se publicó el Decreto Supremo Nº 002-2007-DE, por el que se dispuso “la venta inmediata del avión presidencial, mediante subasta pública”, encargándose a ProInversión las acciones necesarias para la enajenación de marras, y constituyéndose un Comité de Supervisión y Transparencia integrado por los presidentes de los organismos reguladores (léase Ositran y los demás), que “verificaría la correcta implementación de lo dispuesto”. A la vuelta de casi un año, no sólo se da marcha atrás –felizmente–, en la malhadada venta, sino que quedan serias dudas –por decir lo menos–, sobre la justificación y transparencia de lo ocurrido, máxime si los responsables de la fallida operación no han dicho esta boca es mía.

Un par de ministros –cada uno con su propia versión– han salido informando que, producidos dos remates frustrados, se había acordado no malbaratear la aeronave y reincorporarla a la flota de la FAP. El toque político vino a continuación: se deja constancia que el presidente García ha cumplido lo prometido, y reitera “su decisión de no usarlo y de continuar desplazándose, dentro y fuera del país, en aeronaves comerciales”.

Como escribimos antes, el jefe de Estado puede volar en las aerolíneas comerciales que quiera, pero lo que no puede aceptarse es que por prejuicio o arrebato, se haya dispuesto la transferencia de un bien del Estado que resulta fundamental para la seguridad nacional como lo sostuvo lúcidamente, en su oportunidad, el primer vicepresidente del país.

Sobre el avión presidencial, se ha dicho una sarta de falsedades y medias verdades. Primero, que fue “destinado exclusivamente” para uso del Primer Mandatario. Si uno revisa los archivos de la FAP, comprobará que esto es una falacia, y que la aeronave ha cumplido numerosas comisiones de servicio público y, no pocas veces, de indispensable apoyo social. Luego, se afirma que “es un avión caro que trae malos recuerdos”. Esta monserga se desbarata leyendo el informe de tasación elaborado por la consultora internacional contratada por ProInversión, y que hace más raro lo acontecido durante la penosa subasta de la que nadie habla.

Una reflexión final: el avión presidencial Boeing 737, aparcado absurdamente en su hangar, pudo servir aquel 15/08 en adelante, para aminorar la tragedia que azotó el sur, socorrer a los damnificados y transportar oportunamente a un desinformado Presidente de la República. ¡Amén! (Expreso)