El comandante general del Ejército, Edwin Donayre

FANTASÍAS ANIMADAS DE AYER Y HOY... - I Así es la vida... del general

El comandante general del Ejército, Edwin Donayre, intensifica su carrera artística. Gracias a América espectáculos pudimos verlo ayer visitando los estudios de Así es la vida para felicitar a los actores Michael Finseth y Germán Loero, quienes realizaron grabaciones en las instalaciones del Ejército. Incluso, los invitó a visitar alguna zona fronteriza. Que vayan al Hito 1 del límite con Chile.

FANTASÍAS ANIMADAS DE AYER Y HOY... - II¿Quién soy yo? ¿Papá?

Donayre sí que se siente cómodo ante las cámaras, pues se vacilaba de lo lindo con Adolfo Chuiman, a quien le decía: "¡En la cara no! ¡En la cara no!". Hasta se animó a hacer ranas con Finseth y Loero. El general debe haber creído que estaba en un casting.

“FAP sabía de acoso sexual a cadete”

El diario OJO accedió al informe final de la Subcomisión del Congreso que investiga la violación a la cadete Diana Bazán en la Escuela de Oficiales de la FAP (EOFAP), el cual confirma que su supuesto agresor, el alférez Jesús Ferreyra, la “hostigó sexualmente” meses antes de ultrajarla, y la institución no actuó pese a que se supo esto.

Además, revela que la comisión de la FAP no solicitó al hospital Las Palmas, que revisó a Diana, el informe de “las huellas” de su violación, por lo que sus indagaciones tuvieron “un sesgo”. Rosa Venegas, presidenta de la subcomisión, dijo que no incluyeron los indicios de delito penal en el documento, porque el caso está en proceso en el Poder Judicial. A la vez, adelantó que hay “10 denuncias de violación” cometidas en la Policía y otras entidades del Estado, que están pendientes de investigación.

“FF AA deben permanecer en estado de alerta máxima”

Ante la reorganización de remanentes del MRTA alertada por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, José Aste, las fuerzas del orden deben mantenerse en alerta máxima, así como informar a las instancias del gobierno correspondientes cómo se está previniendo ese peligro. Así lo invocaron representantes de las diversas bancadas políticas del Congreso de la República.

Para Aurelio Pastor (APRA), es claro que los grupúsculos terroristas pretenden retomar su capacidad operativa lo más pronto posible. "Me parece saludable que nuestras FF AA estén atentas a estos grupos. Ellos obtienen apoyo económico del extranjero, y mientras no sean declarados terroristas en todo el mundo, podrán gestionar donaciones y actividades para financiarse en lugares como Europa, por ejemplo", indicó.

Víctor García Belaunde también tomó con seriedad este anuncio del Comando Conjunto. "Esta denuncia es muy grave, y hay que pedir a nuestras fuerzas del orden que a la brevedad posible precisen esta información y nos la hagan llegar, para darles todas las facilidades para acabar con estos focos subversivos", afirmó.

Asimismo, el vocero de Unidad Nacional, Luis Galarreta, señaló que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben cumplir fielmente con sus tareas de seguridad.

Protegen a militares que mataron a 117 en Putis

El informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) recogió la versión de los sobrevivientes de la masacre de Putis, en la que fueron ejecutados extrajudicialmente “no menos de 117 personas”. Este informe señaló como responsables de la masacre al oficial “Lalo”, el teniente “Bareta”, el comandante “Oscar” y el capitán “Cuervo”, seudónimos que ni el Ministerio de Defensa ni el alto mando del Ejército quieren revelar hasta ­ahora.

El comandante general del Ejército, Edwin Donayre, afirmó ayer que el Ejército va a “prestar todo apoyo a la justicia, pero se debe tener en cuenta las circunstancias donde ocurrieron esos crímenes”.Un rondero que colaboraba con el Ejército en 1984 confirmó la participación del teniente “Lalo” y lo describió como “alto, blanco, de pelo negro y lacio”.

A partir de estos testimonios, la Fiscalía Mixta de Huanta, Ayacucho, abrió investigación contra el general EP (r) ­Adrián Huamán y el comandante EP Edmundo Obregón Valverde, por el delito de homicidio calificado. Como parte de las actividades del Ministerio Público, han comenzado los trabajos de desentierro e ­identificación de las víctimas.

Carlos Tapia, ex miembro de la CVR, indicó que el Ejército debe responder por estos crímenes, ocurridos en diciembre de 1984, y revelar quiénes estuvieron detrás de estos dramáticos sucesos, en que fueron victimados 124 hombres y mujeres, comuneros de Putis, Cayramayo, Rumichaca, Rodio, Pampahuasi, Vizcatán Pata, Sayhuallamniyocc y Sinhuamachayniyocc.

Entre las víctimas hay 19 niños de uno a 14 años de edad.Añadió que las fosas comunes en el cuartel Los Cabitos en Huamanga, y en la base militar de Putis, en las alturas de Huanta, ponen en evidencia que las violaciones de los derechos humanos respondieron a una estrategia sistematizada y de ninguna manera fueron acciones aisladas de algunos militares.

Al respecto, el ex congresista Javier Diez Canseco consideró este caso como “paradigmático”, porque “no sólo es la fosa más grande encontrada hasta el momento, sino que revela la existencia de una política genocida dirigida a eliminar colectivos humanos en razón a la raza, creencias y ubicación geográfica”.

Recordó que Martin Rivas, jefe del destacamento militar Colina, dijo que en la Escuela de las Américas aprendió que había que responder al terror con más terror. Diez Canseco subrayó que la mayoría los Colina hicieron su sangriento paso por Huamanga, la Casa Rosada, el cuartel Los Cabitos.

Donayre: “Yo no protejo a nadie”

COMANDANTE GENERAL DEL EP CONFIRMA QUE SE INVESTIGA TRÁFICO DE ARENA QUE IMPLICA A OFICIALES

El habitual buen humor del comandante general del Ejército, Edwin Donayre, se esfumó por completo al ser preguntado sobre la denuncia de tráfico de arena en la Quebrada Cruz de Hueso, que beneficiaría a un alto mando de la institución castrense.

“Yo no voy a proteger a nadie. Pero tampoco voy a exponer a mis oficiales. Yo me remito a todas las investigaciones, que deben tener sus resultados. Yo no estoy realizando la investigación”, declaró muy fastidiado.

Por su parte, el ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz, informó que en un plazo máximo de diez días estará listo el informe sobre la presunta explotación irregular de este terreno en posesión del Ejército.

“Pedí una investigación por parte de la Inspectoría General del Ministerio de Defensa, y no creo que demore más de diez días”, indicó.

Para Antero, Chile distorsiona paz de la región

Le puso la puntería.

Ante la soberbia adquisición de armamento por parte de Chile, el ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz, manifestó ayer que si bien el Perú no se mete en lo que hacen otros países, quiere que en la región no existan elementos que distorsionen la paz que se busca mantener.

En tono crítico, señaló que espera que en el futuro pueda haber algún trato en la línea de generación de confianza con el fin de que se reduzcan esas compras millonarias de armamento. Indicó que hay países como Chile que, por tener un elevado porcentaje de regalías, cada día tienen ingresos que han ido gastando en compra de armamento, lo cual no es conveniente porque los obliga a gastar más de lo que necesitan.

En el caso peruano, dijo que la política del gobierno es mantener operativas y eficaces a las Fuerzas Armadas para enfrentar cualquier tipo de peligro, pero sin hacer compras de armamento innecesarias. “Se comprará, reparará y repontenciará el armamento absolutamente necesario.

Nuestra política de defensa es defensa. No es ofensa y no es agresión”, enfatizó. Caso Corte IDH De otro lado, Flores Aráoz informó que el Estado peruano ha propuesto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos algunas medidas para evitar la sobrecarga procesal y garantizar el debido proceso en esa instancia internacional.

El planteamiento –dijo– cuenta con el respaldo de otros países de la región. Una de las propuestas es que las denuncias se procesen según como vayan llegando para evitar la acumulación y la sobrecarga procesal. También se ha planteado la implementación del silencio administrativo negativo en la Corte IDH y que exista el abandono de instancia con la finalidad de reducir la carga procesal.

Ayacucho parará de todas maneras

El presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, Iver Maraví, rechazó las expresiones del presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, quien, luego de asistir a ­una mesa de diálogo con las autoridades de la región, señaló que el paro regional convocado por “sectores radicales” para el 8 de julio, que demandará el retiro de las tropas norteamericanas de esa región, no tiene justificación y sólo busca generar violencia.

“Del Castillo sólo busca confundir al país; Ayacucho no sólo protestará por el ingreso de militares estadounidenses, sino reclamará una atención preferente del Estado, a la cual el gobierno se comprometió en 2007. Hemos decidido este paro en forma unánime, en una asamblea de delegados y Ayacucho va a parar de todas maneras.

De eso no hay duda”, afirmó.Aclaró que el pueblo de Ayacucho está contra la política neoliberal, las privatizaciones, el alza del costo de vida y la Ley de la Selva. “Ayacucho sabe defender sus intereses y los intereses del país”, manifestó. Iver Maraví exigió, asimismo, que cese la persecución a los dirigentes sociales de Ayacucho.

Falta equidad

Respecto al anuncio de Del Castillo, de que el gobierno invertirá más de 500 millones de soles en la región, Maraví dijo que “es cierto que Ayacucho está recibiendo más millones que otros años, pero la distribución del presupuesto nacional sigue siendo inequitativa y Ayacucho sigue recibiendo las migajas”.

De ese dinero, continúa, hay que ver cuánto se va en gasto corriente y cuánto queda para hacer las obras de envergadura que Ayacucho necesita, como carreteras, colegios y postas médicas.

Ministerio de Defensa debe entregar lista de jefes de Base Militar de Putis de 1984

El Ministerio de Defensa (Mindef) debe colaborar con el Ministerio Público (MP) y entregar la relación de nombres de los jefes y efectivos del Ejército que prestaron servicio en el año 1984 en la Base Militar de Putis, para poder identificar a los presuntos responsables del asesinato de más de 120 campesinos, afirmó la magistrada adjunta de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho, Cristina Olazábal.

“Hasta el momento no hemos podido determinar (quienes son) los autores de este hecho, pues hemos enviado reiterados oficios al Ministerio de Defensa y aún no se ha establecido el nombre de los jefes de la Base de Putis. (…) Es el Ministerio de Defensa quien tiene que ayudar a la Fiscalía a través de los informes, que puedan tener en su acervo documentario. (…) La exhumación va a continuar, pero nosotros estamos exhortando a que se nos brinde el nombre de los efectivos que prestaron servicio en Putis”, afirmó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.Sostuvo que es importante que el Ministerio Público cuente cuanto antes con estos datos, con el objetivo de que se agilicen las investigaciones.

Respecto a las exhumaciones, ratificó que se han encontrado sesenta cadáveres y manifestó que los trabajos continuarán en tres fosas más que ya han sido inmovilizadas.Precisó que las exhumaciones se encuentran oficialmente a cargo del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), por un pedido especial de la Asociación Paz y Esperanza.

“El Ministerio Público como defensor de la legalidad e investigación del delito, siempre cumple su rol y en ningún momento se pude apartar de la investigación. En esta oportunidad los peritos oficiales del Ministerio Público han sido dejados de lado para que los peritos del Equipo Peruano de Antropología Forense puedan asumir las exhumaciones, esto por un pedido de la Asociación Paz y Esperanza”, refirió.

Finalmente, la magistrada adjunta de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho, recordó que este caso se encuentra en su segunda etapa de exhumación, ya que la indagación se inició en el año 2005, luego de presentado el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).Hace una semana fueron exhumados sesenta cadáveres de una fosa común en la localidad de Putis, lo que confirmaría que esta masacre perpetrada aparentemente por el Ejército Peruano en el año 1984, fue una de las más cruentas de la historia del Perú.

Restos óseos, ropas destrozadas y cráneos perforados por balazos y golpes, fueron hallados en esta aislada comunidad situada a 3.500 metros sobre el nivel del mar, donde fueron masacrados más de 120 campesinos.

Altos mandos del Ejército utilizan terreno de entrenamiento para un negocio ilegal

El Ejército se vio envuelto en nuevo escándalo. Mario Nieto Mc Evoy, primo del secretario del comandante general del Ejército, Javier Bouroncle Mc Evoy, dirige la explotación y venta ilegal de arena en un terreno de la institución castrense bautizado como la Quebrada Cruz de Hueso, a la altura del kilómetro 46 de la Panamericana Sur, y destinado desde 1972 únicamente para el entrenamiento de las tropas.

Según reveló un reportaje de investigación del programa periodístico Cuarto Poder, a inicios del año pasado Mario Nieto recibió la propuesta del Ejército para hacer trabajos de nivelación en 100 hectáreas que representan la entrada a la zona de entrenamiento en la quebrada. Lo curioso es que la institución castrense suscribió un contrato con Nieto hasta el 2013 cuando ni siquiera tenía una empresa propia. Nieto tuvo que pedirle a su hijo que firmara el contrato a nombre de su empresa, Proveedores A1 SAC.

SIN AUTORIZACIÓN
Pero eso no es todo. A partir de la suscripción del contrato, el cuñado del secretario del comandante general del Ejército incursionó en la venta de arena, sin tener una autorización del Ministerio de Energía y Minas, ni del Ingemmet, para la concesión del área.

Es más, en la actualidad Nieto no cumple con emitir comprobantes de pago por la venta del mineral que genera alrededor de 10 mil soles diarios de ingresos.

DESMIENTEN AL EJÉRCITO
El general EP Luis Alberto Sánchez, actual director de Educación y Doctrina del Ejército, quien suscribió el contrato con Mario Nieto Mc Evoy, respaldó el accionar de este último al señalar que para la extracción y venta de arena no se necesita ningún permiso especial.

"Ellos solo nos hacen el trabajo. Ellos comercializan y nos dan parte de la utilidad (15 por ciento mensualmente). Así de simple. No hay nada irregular", dijo Sánchez, quien argumentó que como la arena "no es un mineral", no es necesario pedir autorizaciones.

Pero la versión de este alto mando del Ejército fue desmentida tanto por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, como por el Instituto Minero, Geológico y Metalúrgico (Ingemmet).
El director de Concesiones Mineras del Ingemmet, Ángel Chávez, manifestó que la arena sí es considerada un mineral, y se debe tener autorizaciones necesarias para su exploración y explotación.

"La arena es muy fácil de sacar, pero hasta para esta tarea se debe tener autorización del Ministerio de Energía y Minas", manifestó.

SE AVISÓ A TIEMPO
Por su parte, el superintendente nacional de Bienes Estatales, Jorge Villanueva, sostuvo que apenas su entidad detectó la explotación y venta ilegal de arena bajo la fachada de nivelación de tierras, en una propiedad del Estado concedida al Ejército, envió una comunicación al Ministerio de Defensa para que tomen acciones.

De esta manera se cae la coartada de los altos mandos militares que respaldan el accionar del primo del secretario del comandante general del general Edwin Donayre, a pesar de que el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, ha enviado al Ejército una comunicación que señala que este negocio es ilegal.

Investigación por concluir
El 14 de abril de este año, el ministro de Defensa Ántero Flores-Aráoz envió una carta al comandante general del Ejército, Edwin Donayre, solicitándole que cese la explotación y venta del mineral por ser un negocio ilegal. Donayre no acató la recomendación del titular del sector.

Donayre sostuvo, más bien, que "no es función del Ejército realizar actividades mineras". Asimismo informó que aún se está investigando el tema porque hay informes legales, y que en los próximos días su despacho concluirá con la investigación de actos de corrupción en la institución.

Si bien el comandante general del Ejército no atendió como se debe la recomendación del titular de Defensa, anoche, luego de la emisión del reportaje que puso en evidencia que uno de sus hombres de confianza está implicado, llamó a Cuarto Poder y anunció que actuará con severidad si se comprueba que militares están involucrados en el caso.

Chile dispuso de US$ 1400 millones para comprar armas en el 2007

Las Fuerzas Armadas de Chile dispusieron de 1.400 millones de dólares para la compra armamento en el 2007, según un informe de la revista británica The Economist, fechado el último 29 de mayo.

Según la publicación, dicho presupuesto es consecuencia de la Ley Reservada del Cobre, que establece que el diez por ciento de las ventas de la empresa estatal chilena Corporación Nacional del Cobre (Codelco), la mayor productora mundial de ese metal, se destine a la compra de armamento y en la renovación de equipos militares.

"El apetito de Chile por nuevos equipos es una preocupación para Bolivia y Perú, países que tienen disputas de tierras y de fronteras marítimas, respectivamente, y que fueron los derrotados en una guerra del siglo XIX", dice el artículo sobre las compras de armamento en la región y cuyo título es elocuente: "Se hablan fraternalmente, pero llevan un garrote".

La Ley Reservada del Cobre se remonta a los años sesenta del siglo pasado, pero recién bajo la dictadura de Augusto Pinochet, en 1976, se estableció la transferencia de un monto fijo, el 10%, para la adquisición de material bélico.

El texto de la norma decreta que el dinero recaudado debía ser "depositado en el Banco Central de Chile, en moneda dólar" y orientado solamente para la renovación y compra de equipo militar.
Esta ley ordena a las Fuerzas Armadas chilenas gastar de acuerdo con los volúmenes de venta del cobre en el mercado internacional, independientemente de las necesidades reales de los institutos castrenses. Esto significa que las fuerzas armadas del vecino país deben adquirir material militar por un valor desorbitante cuando, como en estos momentos, el precio del cobre se encuentra en alza.

La Ley Reservada del Cobre ha sido cuestionada por sectores de la oposición en Chile dado al secretismo que existe alrededor de las compras bélicas. En el 2004, cuando se desempeñaba como ministra de Defensa, Michelle Bachelet se opuso al pedido para modificar la Ley, transparentar los gastos y permitir la fiscalización del Congreso. Al respecto, Enrique Obando, analista en temas militares, aseveró que la diferencia de gasto entre Perú y Chile es "abismal". Pero de inmediato pone paños fríos al tema: "Chile no compra armas para la guerra, sino para obtener prestigio, influencia y poder de negociación. Utilizarán su equipamiento como un elemento de disuasión en un conflicto internacional", dijo Obando. Se ha establecido que en el 2007 Chile compró 118 tanques Leopard, 100 hammers, 2 Airbus A310, 12 helicópteros AF332, etc.

Evalúan compra de un satélite
El ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, reveló que el gobierno peruano estudia la conveniencia de comprar un satélite, tal como lo hará Chile. Asimismo, restó importancia a la compra que hará Chile de un satélite, y que podrá tener capacidad para tener imágenes del territorio de sus vecinos, según trascendió a la prensa. “La compra de un satélite no se hace de la noche a la mañana. No es como entrar a una panadería y comprar pan) tolete.Hay procesos y concursos”. Según el analista de temas militares Enrique Obando, el gobierno tiene presupuestado destinar 654 millones de dólares para comprar armas entre los años 2006 y 2011.

Peligro latente por tropas en el Vrae

Luego que el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, justificara que las tropas norteamericanas ingresen con armamento a Ayacucho porque aún hay remanentes subversivos, el analista político Alberto Adrianzén calificó como un “error” y un “peligro” la decisión gubernamental de permitir su ingreso a una región en que aún hay elementos narcoterroristas.

Adrianzén dijo que le parece extraño y muy peligroso el permiso para que tropas extranjeras ingresen armadas a la zona del Valle Río Apúrimac – Ene, Vrae, porque no se puede descartar “la posibilidad remota” que ocurra un hecho fatal. Al respecto, el comandante EP (r) Juan Castro, experto en guerra electrónica, indicó a LA PRIMERA que los militares están cumpliendo con su libreto, “pues primero, siempre se introducen a un país para realizar sus “acciones cívicas”, y con ese permiso, nunca se sabe cuándo van a salir”.

Recordó que antes del último permiso del Congreso, el Ministerio de Defensa ha promulgado 11 resoluciones ministeriales autorizando el ingreso de militares norteamericanos al Vrae, sin que se sepa cuántos son, ni cuándo van a salir. No descartó que los militares norteamericanos se instalen en las 35 bases contrasubversivas que existen en el Vrae. Y agregó que estas acciones están vinculadas con la implementación del tratado de libre comercio entre Perú y Estados Unidos.

“Excesos” militares reconoce Donayre

La exhumación de 60 cadáveres -entre ellos los de 15 niños- hallados en una fosa común en la comunidad ayacuchana de Putis, muestra los horrores que se vivió durante los años de la guerra sucia entre el Ejército y los grupos subversivos y en la que los campesinos fueron las principales víctimas.

Los cadáveres de decenas de comuneros ejecutados, con los cráneos perforados a balazos, y ropas raídas, es el patético cuadro que se ofrecía en el lugar como mudo testimonio de la masacre desatada por los militares con las mismas armas que el Estado puso en sus manos para que defiendan a la ley y a los campesinos.

El Comandante general del Ejército, Edwin Donaire, citado por la prensa extranjera en Huamanga, la capital de Ayacucho, admitió sobre la matanza de Putis que hubo excesos que deben sancionarse, aunque pidió que no se generalice.

Habla el ministro

Al respecto, el ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz, sostuvo que el Ejército está colaborando en todo y prueba de ello es que la inhumación de los cadáveres se realiza en un cuartel militar.

Se informó que hay otras cinco fosas en Putis y otras 14 en zonas aledañas, en Ayacucho que fue la región donde el grupo terrorista Sendero Luminoso inició su sangrienta lucha armada a inicios de la década del 80.

Los campesinos de Putis habían ganado las zonas altas huyendo de Sendero Luminoso, pero los militares los hicieron bajar indicándoles que esa era una zona segura. Después los mataron en masa, por sospechar que colaboraban con los terroristas.

La fiscal Cristina Olazábal, de la 2da. Fiscalía Provincial de Ayacucho, informó que se ha comprobado que entre los muertos había niños de un año y mujeres embarazadas. Una escena terrible.

Paro general contra militares de EE.UU.

La Asamblea de delegados del Frente de Defensa de Ayacucho acordó ayer realizar, el 8 de julio, un paro de 24 horas en rechazo a las tropas norteamericanas llegadas a esa región, mientras el líder opositor, Ollanta Humala, ratificó su condena a la entrada de los militares extranjeros, cuyo número sigue sin conocerse.

El presidente del Frente de Defensa, Iver Maraví Olarte, confirmó que los ayacuchanos paralizarán labores un día antes del paro nacional convocado por la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), para exigir al gobierno el retiro de los estadounidenses de nuestro país.La entrada de las tropas extranjeras fue rechazada nuevamente por el líder del Partido Nacionalista (PNP), Ollanta Humala, quien señaló que es falso que los norteamericanos no traigan armas de guerra, como dice el gobierno, y argumentó que los fusiles que traen sí son de combate.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa no dio razón sobre los anexos de las resoluciones ministeriales en los que deben figurar los nombres y el número de militares foráneos autorizados a ingresar.El gerente de comunicaciones del portafolio, Adán Ríos, manifestó que en su página web se publican las resoluciones y los anexos, pero sólo figuraban las relaciones de abril.“Se trata de un olvido, pero en una horas pondremos al día los anexos de mayo.

No sé por qué los congresistas no saben el número exacto de personas que están ingresando, pues a ellos sí se les envía esa información”, dijo. Sin embargo, el congresista David Waisman, accesitario de la Comisión de Defensa del Parlamento, señaló desconocer los anexos y que este “olvido” constituye una grave violación a la ley de transparencia, por lo que solicitará a su grupo de trabajo que exija al ministro de Defensa que envíe la información correspondiente.

Se entrega marino (r) acusado de asesinato

Después de dos años de estar prófugo se puso a derecho ayer el capitán de corbeta (r) Jorge Luis Rabanal Calderón, acusado de participar en el asesinato del menor Indalecio Pomatanta Albarrán, quien fue quemado vivo en su casa de Ucayali en 1995 por una patrulla de la Marina de Guerra. En este caso son procesados, además, Andrés Egocheaga Salazar, Guido Spencer Dávalos, Pedro Rodríguez Rivera y Mario Peña Ramírez.

Después de que se le tomaron las generales de ley, Rabanal fue llevado a la carceleta del Poder Judicial y luego al penal San Jorge.

Durante la audiencia del juicio oral que lleva a cabo la Sala Penal Nacional se presentaron ayer Livio Campos y Víctor Gutiérrez, ex asesores jurídicos de la Marina. El primero confirmó la entrega de 5.000 soles a los familiares de la víctima, según él, como ayuda humanitaria. Por su parte, Gutiérrez aseguró que se propuso a los deudos una transacción extrajudicial para que desistieran de toda denuncia a cambio de 25 mil dólares.

Por su parte, la abogada de la parte civil, Tania Valle, demandó a la Policía Judicial la captura de Egocheaga Salazar, quien --según lo aseguró-- trabaja en una empresa de seguridad en Lima.

Desde el 2009 se tramitará primero el DNI y luego la inscripción militar

Atención a los cambios: desde el 1 de enero del 2009, todos los jóvenes, al cumplir los 17 años de edad, ya no tendrán que tramitar su boleta y libreta militar, sino que deberán inscribirse directamente en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para obtener su primer Documento Nacional de Identidad (DNI). Luego, dentro de los 90 días siguientes, deberán cumplir con la inscripción militar obligatoria en las oficinas del Registro Militar.

"En las sedes que destinarán las Fuerzas Armadas otorgarán gratuitamente una constancia de inscripción militar al momento de la inscripción", explicó ayer Mercedes Cabanillas, presidenta de la Comisión de Defensa del Congreso de la República. El nuevo procedimiento está señalado en la Ley del Servicio Militar, que hasta ayer no había sido promulgada por el Poder Ejecutivo.

La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) saludó ayer la determinación del Parlamento de eliminar la libreta militar como documento obligatorio para obtener el DNI, pero indicó que aún faltan aclarar algunas disposiciones para garantizar la gratuidad del proceso de inscripción militar. Crisólogo Cáceres, vicepresidente de la Aspec, dijo que se mantendrá vigilante en este caso, ya que el costo de la libreta militar se podría cobrar bajo otros conceptos, por ejemplo, los exámenes médicos que contempla la iniciativa.

El primer DNI que se le entregará a los jóvenes tendrá una vigencia de ocho años, su color será el mismo que el de los mayores de edad y en él constará el número de una mesa de votación diferida. Esta última será activada cuando su titular cumpla 18 años y pueda votar en los procesos electorales.

REGISTRO MÁS ACTUALIZADO

En adelante, el registro de inscripción militar será una base de datos en la que constará la situación de los peruanos respecto a sus obligaciones militares.

Dicho registro será depurado y actualizado continuamente con la información del Reniec.
Este último remitirá trimestralmente la nómina de las personas, comprendidas entre 18 y 50 años, que hubieran fallecido a fin de mantener actualizada la base de datos del Registro Militar y, en especial, la del personal de reserva. Según la nueva Ley de Servicio Militar, por razones de seguridad y defensa nacional la información del Registro Militar tendrá carácter clasificado y será de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

PRECISIONES

1. La libreta militar se otorgará solo a quienes hayan prestado el servicio militar. Dicho documento también se otorgará a los peruanos que, siendo parte de la reserva, poseen doble nacionalidad.

2. Los que presten servicio militar acuartelado en cualquiera de los institutos armados tendrán diversos beneficios, como una asignación económica mensual de 350 soles, seguro de vida, educación básica técnico-productiva o superior tecnológica en distintas especialidades.

Perú aboga por cambios en Corte IDH

El ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, rechazó ayer la propuesta del primer vicepresidente, Luis Giampietri, de que el Perú se retire en parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, planteó que dicha instancia debería someterse a algunas modificaciones para también garantizar a los estados un debido proceso.

Al igual que el primer vicepresidente, Flores-Aráoz se mostró preocupado por la actuación de dicho organismo interamericano en algunos casos de terrorismo que afectan al Estado Peruano y consideró que a veces este organismo "se excede".

"Entiendo el fastidio del almirante Giampietri, pero un retiro de la corte nos pondría un poco como trogloditas. Creo que ese no es el camino. El camino es lograr las modificaciones", declaró en la televisión local.

El titular de Defensa recordó que originalmente esta corte se había establecido bajo el supuesto de que el Estado podría violar los derechos humanos. Sin embargo, señaló que con los años, la realidad ha demostrado que los grandes violadores de los derechos humanos han sido los terroristas y delincuentes subversivos.

"El Estado ha ido acostumbrándose, cada vez más, a cumplir los derechos sustantivos de las personas. Con el avance del tiempo hemos visto que los grandes violadores de los derechos humanos han sido los terroristas. Lo hemos visto en el país con el MRTA y Sendero Luminoso", sostuvo.

Flores-Aráoz también informó que la representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), María Zavala, efectúa las gestiones necesarias para que las modificaciones que se realicen en la Corte Interamericana de Derechos Humanos garanticen un debido proceso para los estados.

"Hay una serie de países que están de acuerdo con esta posición del Perú. Debido proceso no solo para los denunciantes, debido proceso también para el Estado porque este tiene sus derechos que no pueden ser obviados", explicó.

Grave problemática en los sistemas de remuneraciones y pensiones de FFAA y PNP

El gobierno, en su afán de evitar que cuadros calificados de la administración pública fuguen hacia la empresa privada que les coquetea con mejores sueldos, no ha tenido mejor decisión que gestionar se ponga fin a los topes de los sueldos que reciben los "altos funcionarios" de la burocracia estatal, no sabemos si de inmediato o a partir del año 2009.

Nuestro país atraviesa una de sus mejores etapas en materia de bonanza económica. Según el presidente García, esta situación de mejora ha causado preocupación en Chile. Pero también ha causado expectativa en los trabajadores del país, porque esta situación, con seguridad le permitiría al gobierno realizar una mejor distribución de la riqueza, un "chorreo", comenzando por los más pobres, sin embargo, al parecer eso no será así.

Según se desprende de las últimas declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, "ahora ya estamos en capacidad para retomar los niveles salariales, especialmente de los profesionales calificados que laboran no solo en el área social, sino en los diversos estamentos del Estado".

Como toda medida que mejora los sueldos de los altos burócratas del Estado, esta ha sido gratamente recibida, aplaudida y celebrada por distintos funcionarios y congresistas de diversas tiendas políticas, que solo se unen cuando de beneficios económicos o defender a sus colegas se trata.

Esta propuesta, polémica por las implicancias políticas y la efervescencia sindical que anuncia paros, marchas y otras formas de reclamo, con seguridad en los próximos días agregará un motivo más que va a causar discusión y una ruptura social entre empleadores y trabajadores, porque la brecha salarial cada día se hace más ancha y profunda.

No existe ninguna duda de que los sueldos para los funcionarios del Estado, que cumplen funciones importantísimas para el país, están atrasados, por las medidas de austeridad que impuso el presidente García al iniciar su gobierno. Lo triste es que existen funcionarios de este mismo Estado que no están considerados, ni siquiera por sus importantísimas funciones que cumplen para la seguridad del país, menos para un eventual aumento, estos son los miembros de las FF AA y la PNP.

Desarrollo y seguridad

Desarrollo y seguridad son, sin duda, una dualidad conceptual para el logro del bien común. Ambos son indisolubles, como un tándem, como dos columnas que sostienen un templo, caminan juntos, porque entre uno y otro existe una relación de dependencia biunívoca (acción y efecto de corresponderse), es decir una relación entre todas sus partes que la conforman entre sí.

Para nadie es un secreto que las remuneraciones y pensiones de las FFAA y PNP están desfasadas con la realidad económica que vive el país, país que ha superado a Chile, su adversario tradicional en su elegibilidad y capacidad de aceptar inversiones extranjeras.
Durante el gobierno fujimorista hizo y deshizo el capital de la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP), realizando inversiones que fracasaron y dejándola sin fondos, tan es así que para el año 2009 no habrá como pagar las pensiones al personal que pase al retiro a partir de ese año. Estará prácticamente quebrada.

Remuneraciones

Haciendo un análisis de las remuneraciones que perciben los miembros de nuestras FFAA y PNP, podemos afirmar sin lugar a dudas, que estas se encuentran peligrosamente disminuidas, con grave pérdida de su capacidad adquisitiva. Hay una brecha muy amplia entre los sueldos, compensaciones y remuneraciones, con lo que corresponde a otros funcionarios de la administración pública. Si se elevan los topes de sueldos a otros funcionarios, lo justo es que se haga lo mismo con miembros de las FFAA y PNP.

Es más, la situación de sueldos es tan grave, tan deficitaria para afrontar las necesidades básicas, que los miembros de las FFAA y PNP se ven obligados a compensar esa falta de liquidez cumpliendo labores de ‘mil oficios’ en sus días de franco. En el caso de la Policía, cumpliendo servicios extralaborales, de taxistas, proporcionando seguridad a bancos, AFP, tiendas, lugares en construcción y casas particulares, etc., con lo cual se desvirtúa su verdadera finalidad y función.

En razón a los antecedentes expuestos anteriormente, es conveniente recordar que existe la necesidad perentoria de contar con una Ley de Remuneraciones para el personal de las FFAA y PNP a fin de asegurar la sostenibilidad de cualquier propuesta de reforma previsional. Esta situación boyante de nuestra economía, es la oportunidad inmejorable para ello.

Decisión adecuada

Recordemos que las gestiones para mejorar remuneraciones y pensiones de las FFAA y PNP y de la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP) se vienen realizando desde el gobierno anterior, que aplicó muy bien la "mecedora" y dejó pasar el momento de la decisión. Toledo no tomó la decisión política adecuada en este rubro.

Actualmente la gestión se ha detenido, pese a que el anterior ministro de Defensa Allan Wagner dejó lista una propuesta. Así el Ministerio de Defensa dispuso, mediante R.M. Nro. 815-2005 DE/SG, del 19 setiembre 2005, la conformación de un comité de trabajo presidido por el viceministro de Asuntos Administrativos y Económicos de dicho ministerio e integrado por los directores de Personal de los Institutos de la Fuerza Armada.

Este grupo de trabajo se encargó de la formulación del proyecto de Ley de Remuneraciones de manera coordinada con el Ministerio del Interior, para su presentación a la Presidencia del Consejo de Ministros y cuya finalidad es corregir las actuales distorsiones remunerativas e introducir los ajustes requeridos, como condición previa a cualquier intento de reforma previsional.

Nueva ley

Por otro lado, tanto el ministro de Defensa como el ministro del Interior remitieron el Oficio 0597-VALP-MD de 16 mayo 2006 con una propuesta al presidente del Consejo de Ministros, sugiriendo atender en primera instancia la problemática de la CPMP a través, no de una nueva Ley de Pensiones que reemplace a la actual Ley 19846, sino modificando la actual Ley de la CPMP 21021, de tal forma que el Tesoro absorba la totalidad de las pensiones que viene pagando, más las de un número determinado de promociones adicionales a las que actualmente forman parte de la CPMP.

La absorción del pasivo actual de la CPMP y la aprobación de la correspondiente norma remunerativa preparada y revisada por el Ministerio de Defensa en noviembre 2007 (actualmente en evaluación en el MEF) requerirán de una asignación estimada en alrededor del 8% del Presupuesto General de la República para el AF-2009 (similar a la que se recibía a comienzos del gobierno anterior tanto para Defensa como para Interior) con lo cual se podría empezar a solucionar la problemática remunerativa y pensionaria, además de aliviar la situación de la CPMP.

Es comprensible que el gobierno tenga la intención de mejorar la situación de sueldos de los altos funcionarios del gobierno y evitar de esta manera una fuga hacia nuevos empleos mejor remunerados. Lamentablemente los miembros de las FFAA y PNP no tienen la oportunidad de cambiar de empleo, porque trabajan a dedicación exclusiva y porque dejarían sin sus mejores cuadros profesionales, para afrontar las amenazas a la seguridad de nuestro país. Mejoremos los sueldos y pensiones de nuestras FFAA y PNP, no los sigamos "meciendo".

Nuevo Sistema de Remuneración para PNP y FF AA

Anuncio lo haría el presidente Alan García Pérez el 28 de julio en su mensaje a la Nación.

El incremento en las remuneraciones al personal militar y policial parece estar cada vez más cerca. Y es que luego de muchos años de sufrimiento, por las distorsiones e inequidades en el régimen salarial de aquellos peruanos que eligieron servir a la Nación haciendo una carrera militar, por fin se les haría “justicia” con el aumento de sus haberes, que iría hasta en un porcentaje del 145% en el caso de los oficiales con grado de mayor de las instituciones castrenses, el mismo que sería entregado de manera progresiva en un periodo de cinco años.

Dicho porcentaje es un ejemplo de lo que propone el proyecto de incremento de remuneraciones del personal militar de las Fuerzas Armadas y Policiales, actualmente en manos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a cargo de su titular Luis Carranza. Aunque la propuesta surgió en la gestión del ex ministro del mismo sector, Allan Wagner, busca –concretamente– elevar los bajos sueldos y eliminar las distorsiones salariales de los miembros de las instituciones armadas.

La realidad

Aunque parezca increíble, la realidad por la que a traviesan los militares y policías es dura, por decir lo menos. Para ilustrar lo grave del problema debe mencionarse que un suboficial o un técnico jefe superior de las Fuerzas Armadas, que ha servido a su institución durante 35 años, recibe un sueldo y posteriormente una pensión de S/. 1,811.

Las sorpresas continúan y el malestar en el personal también; sobre todo por la enorme brecha que se extiende entre el sueldo de un teniente coronel o comandante, en el caso de la PNP (S/. 2,783) con el de un general (S/. 6,449). Como se observa, existe una descarada diferencia de S/. 3,666, sobre todo porque entre los grados inmediatos inferiores (capitán, teniente, subteniente y personal subalterno) las desigualdades no son tantas, pues alcanza no más de S/. 1,000, por lo que el primer enunciado ejemplifica el desequilibrio que está próximo a ser subsanado.

Como dijimos al inicio del informe, los incrementos de los salarios serán hasta en un 145% –como máximo– en el caso de los mayores, ¿qué significa? Pues que de los S/. 2,145 que vienen percibiendo, pasarían a cobrar S/. 5,625. De hecho, un excelente chorreo remunerativo que también alcanzará, aunque en menor porcentaje pero igual de significativo, a los generales de brigada que verán incrementada su remuneración en 33%, es decir, que de S/. 7,772 pasarían a recibir S/. 11,700. Similar situación atravesará el personal subalterno, de modo que un técnico jefe superior pasaría de S/. 1,811 a S/. 4,388.

En el caso de los oficiales de más alta graduación (general de división, teniente general o vicealmirante) pasarán a percibir por único concepto 75% de lo que percibe un congresista; es decir S/. 11,700 o 4.5 unidades de ingreso del sector público (UISP).

Además, esta iniciativa pretende unificar los ingresos por combustible, chofer y mayordomo en una sola remuneración. De esa manera, el monto pensionable sería mayor, el pago por compensación de tiempo servicios (CTS) sería real y la Caja de Pensiones Militar y Policial sería sostenible. Igualmente, los pensionistas pasarían a aportar un 10% de su remuneración.

Debe precisarse que dichos aumentos no se realizarán en un solo acto, sino que será de manera gradual durante cinco años, desde que la iniciativa entre en vigencia. En la primera etapa será el incremento de 20%, luego 40% y en esa constante hasta llegar al 100% de la propuesta para cada grado.

Hay avances

Si bien este proyecto es de la gestión de Wagner Tizón, todo hace indicar que será en breve que se le dará luz verde. Sobre todo, por el interés que demuestra el Ministerio de Defensa.

El pasado 15 de abril, fue justamente el ministro Ántero Flores-Aráoz quien remitió a su similar del MEF, Luis Carranza, el oficio N° 619 VRD-MD, para hacerle de “conocimiento y análisis correspondiente el anteproyecto y proyecto de decreto supremo, con sus respectivas exposiciones de motivos, destinados a la aprobación del nuevo Sistema de Remuneraciones del Personal Militar y Policial”. En él se agrega: “Agradeceré nos conceda una reunión, con el fin de efectuar una exposición ante su despacho acerca de la presente propuesta”.

En un segundo oficio múltiple N° 846-VRD, al que EXPRESO accedió, la viceministra de Recursos para la Defensa del Ministerio de Defensa, Nuria Esparch Fernández, informa a los responsables de cada institución castrense y policial que “el día 30 de abril del presente año se realizó una exposición ante representantes del MEF, según lo acordado entre ambos portafolios”. Lo que se busca, entendemos, es acelerar la aprobación de la norma.

Al respecto, el presidente del Frente Nacional de Defensa de los Pensionistas y Deudos de las FF AA y PNP (Frenade), Víctor Mascaro, se mostró confiado en que la iniciativa será concretada este año, e incluso deslizó la posibilidad de que sea anunciada por el presidente Alan García el 28 de julio en su mensaje a la Nación. Argumentó su posición en una reunión que sostuvo el pasado lunes 12 de mayo , según dijo, con el viceministro de Políticas para la Defensa, Rafael Aíta Campodónico, quien le expresó que es muy previsible que para el presente año el anteproyecto esté aprobado.

“El doctor Rafael Aita Campodónico me dijo que existe la mejor predisposición del presidente García, que es un encargo que él le ha hecho al ministro Carranza, para que lo viabilice de manera gradual durante cinco años”, declaró a este diario luego de indicar que con la voluntad de ambos, el proyecto entraría en vigencia el próximo año.

Posterior a ello, Aíta Campodónico en breve diálogo con EXPRESO, sostuvo que si bien su despacho no es el encargado de ver netamente el tema, sí existen fuertes expectativas para que sea así.

“Es hora de demostrar sensibilidad”

Ahora que el tema se encuentra en la “cancha” del MEF, la presidenta de la Comisión de Defensa del Congreso, Mercedes Cabanillas, demandó a Luis Carranza mayor sensibilidad para que dé la máxima prioridad a este programa de incrementos, sobre todo porque “el país está pasando por un momento en el que la economía está creciendo y tenemos una evolución favorable”.

Por eso, agregó, el Perú necesita fortalecer el recurso humano de las Fuerzas Armadas y Policiales, pues refirió que ambas son instituciones fundamentales que se enfrentan a contrabandistas, terroristas, narcotraficantes, entre otros “enemigos que están en contra del desarrollo del país”.

“Necesitamos mejorar sus haberes para así no ver a oficiales destacados, con formación académicas, retirarse de las instituciones armadas porque no tienen con qué dar de comer a sus hijos, ya que los sueldos que hoy día perciben son injustos.

Por eso hablo de sensibilizar, invocar, hacer un llamado al ministro de Economía, que es el que tiene la llave”, sostuvo en conversación con este diario. La señora Carmela Cisneros, presidenta del Comité de Viudas de Coroneles de la Policía (Covicopol), quien maneja este problema por más de dos décadas, por su parte, demandó que de una vez por todas el MEF apruebe la partida para hacer “justo” el pago al personal militar-policial, luego de calificar de “sueldo de hambre” a los salarios que actualmente perciben los compatriotas que sirven al país.

“Este proyecto tiene que darse en este gobierno del presidente Alan García, confió en que así será, él conoce del problema que atravesamos las familias más vulnerables Ellos están constantemente arriesgándose e incluso dan su vida por la Nación en servicio, no es justo que sigan así. Además, es necesario que los desniveles en la graduación entre coroneles y comandantes no sean tan descaradas”, sostuvo.

¡Cuidado!

Es pertinente precisar, no obstante, que hay algunos temores frente a este proyecto, porque el año pasado los integrantes del Comité Coordinador de las FF AA y Policía Nacional del Perú advirtieron que hay intereses en el sector Defensa, así como la percepción de que con la escala remunerativa que precisa la disposición legal se anularían algunos derechos, como por ejemplo el pago de vacaciones, además de desconocerse los servicios especiales que prestan los integrantes de las tres armas.

De ese parecer también fue la señora Carmela Cisneros, presidenta del Covicopol, quien si bien está totalmente de acuerdo con el anteproyecto, instó a estar alerta con algún vacío o argucia “que pudiese presentarse”. “Nunca van a faltar aquellos que quieran pasarse de vivos”, dijo después de mencionar que los encargados del asunto deben estar pendientes, para dar con alguna intención velada que los pretenda perjudicar.

El dato

EXPRESO intentó comunicarse con la viceministra de Recursos para la Defensa del Ministerio de Defensa, Nuria Esparch Fernández, para tener algunos detalles sobre este tema y también para que informe respecto a qué otros avances hay hasta el momento, pero en el área de prensa de esa cartera nos dijeron que no se podría tener contacto con ella hasta hoy lunes.

“No hay ningún tipo de ideología o injerencia”

El comandante general del Ejército Peruano (EP), Edwin Donayre Gotzch, supervisó ayer el trabajo que viene realizando un grupo de 77 soldados norteamericanos en Ayacucho, quienes han instalado equipos médicos y de ingeniería para realizar labores sociales en favor de la población.

Donayre, quien estuvo acompañado por la prensa nacional, descartó –en todo momento– que la presencia de este grupo de militares norteamericanos en el Perú signifique algún tipo de injerencia o atentado contra la soberanía nacional.

“Acá no hay nada oscuro, no hay nada que ocultar (...), no hay ningún tipo de ideología o de injerencia que vaya contra los intereses del Perú”, manifestó el jefe militar ante la población y autoridades presentes en la zona.

Junto al presidente regional de Ayacucho, Ernesto Molina, quien además estuvo acompañado de sus consejeros y algunos alcaldes provinciales, Edwin Donayre recorrió el campamento de los militares norteamericanos. (Expreso)

Plantean que inscripción a servicio militar se realice a los 18 años

El Ministerio de Defensa planteó, en una comunicación oficial dirigida al Congreso, elevar de los 17 a 18 años la edad para la inscripción al servicio militar y reiteró su posición a favor de la eliminación de la libreta militar.

El ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, a través de un oficio dirigido a la Comisión de Defensa, mencionó que la modificación del período de edad militar se sustenta en razón de la simplificación administrativa, con el fin de que el acto de inscripción en el Registro Militar coincida con la del Reniec.

De esta manera, a los 18 años, el nuevo ciudadano realizaría ante las oficinas de la Reniec dos inscripciones un solo acto: al Servicio Militar y la otra para recibir su DNI.Así, posteriormente, la información recabada y que requieren los institutos armados, será remitida a las oficinas del registro militar.

Flores-Aráoz mencionó que, para los sectores menos favorecidos, resulta oneroso pagar por la expedición de la libreta militar, pues entre otros motivos, dicho documento no reporta valor alguno para la identificación personal, ya que a los 18 años, es el DNI el que acredita la mayoría de edad.

La propuesta legal del Ministerio de Defensa propone la eliminación de la libreta militar, y se establece la constancia de servicio militar, la misma que será entregada a quienes cumplan con realizar este servicio a la Nación.

Asimismo, con el fin de completar los efectivos del servicio militar en las instituciones armadas en caso sea necesario, se podrá realizar un llamamiento ordinario complementario mediante una resolución ministerial.

El llamamiento ordinario complementario permitirá convocar, anualmente, a servicio militar en las fechas que determina cada institución armada al no haberse completado la cantidad de efectivos requerida.

El titular de Defensa señaló que la preocupación respecto a la disminución de los recursos económicos que perciben las Direcciones de Movilización por concepto de la emisión de la libreta militar puede subsanarse con una reasignación presupuestal.

Por último, este portafolio expresó su satisfacción por el interés de la Comisión de Defensa por establecer un nuevo marco normativo que regule la prestación del servicio militar.

Asimismo, destacó la importancia de la propuesta legal en lo referido a los derechos y prestaciones para los licenciados.

“Es compromiso del sector el cabal cumplimiento de estos, desde el pago del estipendio máximo posible, hasta las prestaciones de salud, comprendiendo la capacitación y estudios técnicos orientados a su óptima preparación”, agregó. (Andina).

Cuidarán espacio aéreo con misiles tierra-aire y aviones Sukhói

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) emplazará cerca de las pistas de aterrizaje que tiene la ciudad de Lima lanzadores portátiles de misiles tierra-aire, capaces de destruir aeronaves u objetos voladores sospechosos que pudiesen amenazar el desplazamiento de los aviones u otras naves en los que se movilizarán los altos dignatarios que participarán en las cumbres internacionales que organiza nuestro país.

Según fuentes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en este sistema de protección serán usados los misiles Igla y Javelin, que se ubicarán en diversos puntos de la ciudad, pero en especial cerca del Grupo Aéreo 8.

A esa base militar, contigua al aeropuerto Jorge Chávez, arribará la mayoría de los presidentes que asistirán a la cumbre de América Latina, el Caribe y Unión Europea (ALC-UE), que se realizará del 14 al 17 de este mes, y a la del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se llevará a cabo en noviembre. En este terminal aéreo las autoridades peruanas recibirán y rendirán los honores correspondientes a los visitantes.

Pero eso no será todo en relación con el sistema antiaéreo de defensa que se pondrá en funcionamiento. En las bases aéreas más cercanas a los lugares de arribo, se ubicarán, listos para despegar, aviones interceptores Sukhói 25 (SU-25) y A-37 (Dragon Fly).

Las fuentes explicaron que en caso de que se detecte la incursión de aeronaves sospechosas de gran performance y velocidad, inmediatamente se ordenaría la salida de aviones Sukhói. Pero si se trata de aviones de menor velocidad, saldrían los Dragon Fly (A-37), naves de gran versatilidad para operaciones contrainsurgentes.

Se descuenta, por cierto, que antes de un ataque contra las naves extrañas los controladores aéreos y los pilotos interceptores tendrán que exigir la identificación de esos aviones, según el código internacional reconocido y aceptado para la aviación mundial.

De otro lado, la observación y el control aéreo de las zonas adyacentes a los aeropuertos de llegada y salida de los dignatarios se harán también con radares de la FAP y del propio aeropuerto de Lima. Estos sensores, según fue confirmado, estarán interconectados a un sistema de alarma temprana que, a su vez, proporcionará información rápida y oportuna a los pilotos de los aviones interceptores y a los lanzadores de misiles tierra-aire.

Los misiles Igla y Javelin forman parte del arsenal de defensa aérea de la FAP desde la década del 80. Ambas son armas altamente destructivas cuando se disparan contra aviones caza, bombarderos, de transporte, de instrucción, así como helicópteros y avionetas.

Sin embargo, nuestras fuentes indicaron que, de acuerdo con la configuración geográfica del Perú y la ubicación del aeropuerto del Ala Aérea 2, es casi improbable que alguien pretenda llegar a Lima con aviones caza (que superan la velocidad del sonido). "Tendrían, primero, que cruzar nuestras fronteras y allí mismo serían detectados e interceptados por nuestros aviones de combate", aseguraron.

De todo el sistema de defensa destacan los misiles Igla, que miden 1,6 metros de largo, pesan 10,8 kilos y desarrollan una velocidad de crucero de 2.500 kilómetros por hora. Los Javelin miden 1,7 metros de largo, pesan 11,1 kilos y desarrollan una velocidad de 2.100 kilómetros por hora. Ambos son disparados con lanzadores portátiles que son accionados por especialistas militares.

Los helicópteros también en alerta

Otra medida de seguridad dispuesta por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en coordinación con la FAP, será la de mantener en estado de alerta máxima a varias escuadrillas de aviones Mirage 2000 y MIG 29. Estas naves permanecerán en sus bases de La Joya (de los Mirage 2000) y de Chiclayo (de los MIG 29) y podrán despegar tan pronto reciban la orden.

La gran velocidad que desarrollan estas naves les permite alcanzar y neutralizar, con su sistema de misiles, cualquier vuelo sospechoso no autorizado.

La FAP ha dispuesto, igualmente, la participación de varias escuadrillas de helicópteros artillados. Por ejemplo, ya están habilitados los helicópteros MI-17 y Bell-212, que intervendrán en el traslado de efectivos por vía aérea para llegar rápido a una contingencia, o para la búsqueda y rescate de ciudadanos en caso de accidentes.

De otro lado, la FAP asumirá el control del espacio aéreo en las zonas donde se alojen las delegaciones participantes --Miraflores, San Isidro, San Borja y Surco-- o en el centro de convenciones del Museo de la Nación.

Para cumplir ese cometido, se dispuso que todos los vuelos sobre la ciudad se hagan por encima de los diez mil pies de altura, unos tres mil metros.

Se ha formado, asimismo, un comando especial de rescate de rehenes, el cual estará integrado solo por efectivos militares. Y se dispuso que las Fuerzas Armadas tendrán orden de inamovilidad absoluta en sus bases, cuarteles, dependencias, buques y lugares estratégicos durante los días 14, 15, 16 y 17 de mayo.

Fuerzas combinadas buscan por aire y tierra a asesinos de dos ronderos

El Comando Conjunto de las FF.AA. confirmó que hubo emboscadas. En el Huallaga hallan presunto campamento subversivo.

Tres patrullas del Ejército y un helicóptero artillado de la Fuerza Aérea persiguen por tierra y aire a los narcoterroristas que el miércoles emboscaron a una patrulla del comando especial de las Fuerzas Armadas en Anchihuay, anexo del distrito de Anco, provincia de La Mar ( Ayacucho).
En dos enfrentamientos murieron Carlos Amancio Torres Quispe (33) y José Velásquez Urbano (39), del comité de autodefensa Unión Vista Alegre de Anco. Eran dos de los 10 guías que apoyaban a los militares que patrullan la zona desde hace cinco días.

El general EP Raymundo Flores Cárdenas, jefe del Comando Especial VRAE formado por la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea, dispuso realizar estas operaciones en Anchihuay, Pichihuilca y Sanabamba (distrito de Anco), ante la denuncia de los pobladores de la presencia de narcoterroristas armados tratando de infiltrarse en los anexos.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas confirmó los enfrentamientos. El primero ocurrió a las 10 a.m. la mañana del miércoles en una zona muy agreste, con profundos precipicios. Allí atacaron a los dos guías campesinos. Esto les dio tiempo a los militares para repeler con fuego cruzado. Los terroristas respondieron con armas de largo alcance y activaron las trampas denominadas 'cazabobos', sembradas en el único camino de herradura que conduce hacia el poblado de Anchihuay.

Dos horas y media después volvieron a enfrentarse en la ruta hacia Chinquipilca, a dos kilómetros de los ductos del gas de Camisea. Esta columna estaría encabezada por el narcoterrorista conocido como 'Guillermo', que forma parte de los 300 terroristas que tienen presencia en todo el valle de los ríos Apurímac y Ene.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a través de un comunicado oficial lamentó la perdida de la vida de los dos guías campesinos. Señaló que ha dispuesto que se brinde a los familiares el apoyo legal correspondiente.

EN EL HUALLAGA

Mientras tanto en el Huallaga, ayer una patrulla policial ejecutó un plan de operaciones contraterrorista, cuyo objetivo era la ubicación e incursión de un posible campamento del Comité Regional del Huallaga, que estaría bajo el mando del sujeto conocido como 'Izula'.

Encabezados por el general PNP Edwin Palomino y el coronel PNP Luis Valencia, jefe operativo de la Dircote, en un helicóptero MI-17 los efectivos enrumbaron hacia el caserío Primavera en el distrito de José Crespo y Castillo, luego de ser informados de que sediciosos al mando de 'Izula', identificado como Edgar Nicanor Mejía Ascencio, se desplazaban al caserío Mariscal Sucre, distrito de Cholón, provincia de Huacrachuco.

A las 6:30 a.m. de ayer, acompañados por un fiscal llegaron a una chacra abandonada y en una choza hallaron indicios de reciente presencia subversiva. Encontraron impresos de Sendero Luminoso, municiones de diferente calibre, documentos que comprometen a Mejía Ascencio, además de una radio de comunicaciones de fabricación artesanal y prendas policiales, entre otras especies.

Al registrar la vivienda hallaron gran cantidad de restos de alimentos en estado de descomposición, latas de cerveza y otros productos de consumo humano. La policía deduce la presencia de un campamento terrorista, remanente senderista al mando de 'Izula', formado por un aproximado de diez personas. 'Izula' es considerado el actual número dos de Sendero en el Huallaga.

Una aliada de los narcoterroristas es la espesa vegetación de la zona, que hace casi imposible ubicarlos. En otros casos, ante la presencia de los helicópteros, esconden las armas y se hacen pasar como simples peones campesinos, lo que dificulta su intervención e identificación.

SEPA MÁS

Después de la operación Volcán 2007, del pasado lunes 28, que concluyó con la detención de los números dos y tres del comité regional del Huallaga (CRH), al cabecilla 'Artemio' le quedan pocos militantes con experiencia. 4Edgar Mejía Ascencio, 'Izula', reemplazó como mando militar y número dos del comité regional del Huallaga al fallecido Mario Espíritu Acosta, 'JL'. 'Izula' es señalado por la policía como uno de los jefes de los pelotones de fusileros que participaron en las emboscadas de Tocache, el 20 de diciembre de 2005, y Aucayacu, el 24 de junio de 2007, en las que fueron asesinados 11 policías y un fiscal.

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA CRIMINAL

Juan Laguna Domínguez, conocido como 'Piero', con muchos años en la actividad terrorista, sería ahora el número tres del comité regional del Huallaga, según información de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional.

Dentro de la jerarquía terrorista en el Huallaga , de acuerdo con la Dircote, la número cuatro ha sido identificada como Elisa Culantres Córdova, 'Evelyn', quien para plegarse al grupo criminal abandonó a su esposo y a sus dos hijos. Luego de integrarse a la columna narcoterrorista se convirtió en la conviviente de 'Piero'.

Es ella quien aparece en la conferencia de prensa que ofreció 'Artemio' en noviembre del 2006.
El último de la llamada lista roja es Félix Mejía Ascencio, 'Mono', hermano de 'Izula', experimentado en emboscadas.

Se calienta frontera con Chile

Mientras que el comandante general del Ejército Peruano, Edwin Donayre, afirmó que el incidente del vehículo militar peruano que ingresó a Chile ha sido resuelto, la Cámara de Diputados del vecino país del sur llamó a los directores de sus servicios de inteligencia para solicitarles más información.

“Esta situación debe llevarnos a analizar la situación en una perspectiva de seguridad de nuestro país; no es posible que no se haya activado ninguna medida de seguridad; no es posible que la improvisación haya primado”, refirió el diputado Renán Fuentealba, quien preside la Comisión Especial de Inteligencia, informó el diario El Mercurio Online.

Por su parte, el general Donayre informó que el camión militar se desvió de su ruta en territorio peruano en su intento por evadir un campo minado, pero nunca tuvo la intención de ingresar a territorio chileno, y menos con ánimo ­ofensivo.

El incidente ha levantado polvareda en el Congreso chileno, al punto que se ha cuestionado seriamente la seguridad en la frontera chilena con nuestro país. Fuentealba apuntó que ninguna autoridad militar sabe lo que el camión peruano hizo en las horas que estuvo en territorio chileno.

Para el presidente de la Comisión Especial de Inteligencia de Chile, la situación es más grave porque –dijo– el camión regresó a territorio peruano sin haber sido revisado, sin constatar identidades de los soldados que estaban a bordo, excepto del coronel.

“Hay que ser claros, en materia de seguridad, no podemos ser ingenuos; los peruanos constataron que ingresar a territorio chileno no pone en marcha ningún procedimiento operativo para hacer frente a esta incursión”, aseveró.

“Ese camión transitó por caminos minados que están señalizados, no sabemos cuánto se internó en territorio chileno, cuantos kilómetros recorrió; podemos suponer perfectamente que tomaron fotografías, que mapearon la zona, etcétera”, agregó. Además, advirtió que si las explicaciones de los directores de inteligencia no son suficientes, se citará a los comandantes generales.

Arica da por superado incidente de patrulla peruana y sanciona a carabinero

Un suboficial de Carabineros fue sancionado por supuestamente autorizar el regreso al Perú en condiciones irregulares de un camión militar peruano que traspasó la frontera, informó el gobernador provincial de Arica, Luis Gutiérrez Torres, quien dio por superado el incidente.

"La investigación sumaria para definir al responsable de esa acción concluyó dentro de las 24 horas acordadas y recayó en un suboficial de Carabineros", afirmó el gobernador Gutiérrez Torres.Si bien el nombre del suboficial sancionado no fue dado a conocer, se informó que recibirá sanciones administrativas por no haber informado de la situación a sus superiores y autorizar el regreso en condiciones irregulares del camión peruano, informó el diario 'El Mercurio'.

La autoridad aclaró que fue este funcionario, con veinte años en la institución, quien permitió el paso del camión, excluyéndose de toda participación a personal de Aduanas."Damos por superado el incidente con las explicaciones y disculpas del general peruano Carlos Farach, quien vino con el coronel Alan Torrico", agregó Gutiérrez Torres.

El gobernador expresó que normalizada esa situación "ahora se seguirá trabajando para evitar que esas situaciones vuelvan a ocurrir".El hecho motivó investigaciones sumarias tanto en Carabineros como en la Dirección Nacional de Aduanas.

La situación se produjo tras el ingreso a territorio nacional de un camión militar peruano con 20 soldados al mando del coronel Alan Torrico, que se internó cerca de dos km, al quedar entrampado en senderos arenosos y cerca de zonas minadas.Posteriormente, el vehículo militar llegó al complejo fronterizo de Chacalluta donde personal policial lo autorizó a retornar a Perú.

La seguridad del país fue vulnerada

Militar filtró información sobre los aviones y el estudio de seguridad de la base aérea de Taura.

Perú recibió tanta información secreta de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, de parte del suboficial Carlos Romero Pico, que aquello dejó vulnerable al Ecuador a cualquier ataque sorpresivo.Una vez descubierta la filtración, las Fuerzas Armadas hicieron un rápido reordenamiento de sus planes de defensa.

El hace poco posesionado comandante de la Fuerza Aérea (FAE), general Rodrigo Bohórquez, considera que la sanción a Romero debió ser mayor. “Lógicamente, se deberá revisar el proceso para conocer cómo fue llevado y pronunciarme. No me gusta la decisión”.

Dos años después de dictada la sentencia, el general Bohórquez dice que “se trata de una cosa juzgada”.Pese a la gravedad del delito, desde diciembre de 2007, el juzgado Penal de la Primera Zona Aérea le permitió al suboficial gozar de una libertad condicionada. Es decir, podía salir dos días a la semana y volver para continuar cumpliendo su condena.

Desde el 18 de marzo del presente año, la llamada prelibertad es de al menos cinco días. Un juez militar -lejano al caso- señaló que Romero puede haberse acogido a ese beneficio cuando cumplió 3/5 de su pena.Pero ni el comandante de la FAE conoce hoy la razón de esa prelibertad del ex suboficial. “Yo entendería que se trata de una reducción por buena conducta, pero es un comentario que hago en base a lo poco que conozco”.

El suboficial Romero fue el militar que, durante los siete años que estuvo en lugares estratégicos de la FAE y del Comando Conjunto, logró extraer centenares de documentos reservados de las Fuerzas Armadas para dárselos al vecino país, que el 26 de octubre de 1998, firmó un acuerdo de paz con Ecuador, que puso fin a un diferendo limítrofe de décadas.

Durante el tiempo que permaneció en la Escuela Superior Militar de Aviación, el suboficial filtró a la Fuerza Aérea Peruana (FAP) el plan de Defensa Antiaéreo “Oso” y otros documentos calificados de secretísimos (ver infografía) porque en ellos descansa la seguridad interna y externa del país.Desde el 3 de agosto de 1998 hasta el 24 de mayo de 1999, tiempo que estuvo en la Dirección de Inteligencia de la FAE, Romero traspasó al vecino país la identificación y características de las aeronaves de la FAE; los códigos y los nominativos de la dirección de Inteligencia y los informes sobre las deficiencias de vehículos para la ejecución de los trabajos de operaciones de Inteligencia y contrainteligencia de personalidades de la Embajada de Perú en Quito.

Pero no solo, eso, sino que les entregó el estudio sobre la seguridad de la Base Aérea de Taura, la de Lago Agrio y del edificio de la Comandancia General. También les dio las nóminas y el orgánico, por antigüedad, de los oficiales y aerotécnicos de la especialidad de Inteligencia.

Perú logró acceder, además, al plan de control y vigilancia de los blancos (personas de nacionalidad peruana), a los que se les hacía seguimiento mientras estaban en el territorio nacional.

A la FAP también se le dio acceso a las direcciones de las oficinas de Inteligencia que se habían creado en Quito, Guayaquil, Manta y Lago Agrio, que fortalecían el sistema.

Otros documentos filtrados fueron los proyectos del Comando Conjunto, los informes de las investigaciones y los estudios de seguridad.

Con los informes elaborados en su contra tras su detención el 2 de julio de 2005, en la frontera con Perú, y las pruebas halladas en el computador y CDs incautados, se inició inmediatamente el juicio contra el suboficial Carlos Romero Pico, en la Primera Zona Aérea.

Un año después, el 31 de julio de 2006, la FAE le dio la disponibilidad y dos meses más tarde (7 de septiembre) fue sentenciado a cinco años de prisión, que está cumpliendo a medias.

Cronología

El reporte deL material belico

Este documento también fue entregado por Romero a los militares peruanos, que integraban la red de espionaje. Este contenía el cuadro de existencias del material, con sus respectivas referencias. Aquello, en caso de que ocurriera un conflicto, volvía vulnerable al país.

Los manuales de procedimiento

Uno de los documentos claves, para el control del espacio aéreo, es el manual de normas y procedimientos operativos del Comando de Defensa Aérea. Este documento fue hallado en el computador que el suboficial Romero tenía en su casa en Manta.

Chile protesta por ingreso de camión militar de Perú

Alejandro Foxley exige explicaciones y califica incidente de "anormal e inaceptable". En Lima, canciller dice que fue incidente menor y que los mandos militares ya conversaron.

Lo que en la mañana pareció ser un incidente sin mayor trascendencia en la frontera peruano-chilena se convirtió, en la tarde, en un hecho de gravedad para el gobierno de Michelle Bachelet.

El canciller de Chile, Alejandro Foxley, exigió una pronta explicación al Perú por el ingreso, a su territorio, de un camión con soldados peruanos. Es más, consideró "anormal e inaceptable" la situación y señaló que tanto su sector como la Gobernación de Arica realizan una investigación sumaria.

"Esperamos que la parte peruana haga lo mismo y que dé una explicación razonable de lo que ocurrió, porque no es normal que este tipo de situaciones sucedan, ni tampoco son aceptables", declaró a la prensa de Santiago.

Al respecto, el gobernador de Arica, Luis Gutiérrez, dijo que "indudablemente hubo una irregularidad" en la forma como las autoridades del complejo fronterizo de Chacalluta permitieron el retorno del vehículo peruano sin avisar antes de la situación a sus superiores.

LOS HECHOS.

Fuentes extraoficiales indicaron a Perú.21 que el comandante general del Ejército, Edwin Donayre, se comunicó con su par chileno, "scar Izurieta, para explicarle que se trató de un hecho fortuito y para ofrecerle disculpas. Tras la conversación, el incidente fue superado.

Esto lo corroboró el comandante de la Primera Brigada Acorazada de Chile, Sergio Béjares. "Nos han pedido disculpas (...) fue un error humano y han dado las explicaciones", anotó. Por eso, según pudo conocer este diario, el Gobierno se sorprendió por la reacción de Foxley.

El hecho se registró el último lunes, cuando un camión del Ejército que realizaba su recorrido paralelo a la frontera se encontró con carteles que advertían sobre un campo minado y, para evitarlo, el chofer giró, ingresando a tierra chilena.

INCIDENTE MENOR.

Perú.21 se comunicó con el canciller José Antonio García Belaunde, quien calificó la situación como "un incidente menor". Además, afirmó que las explicaciones ya las han dado los altos mandos militares a sus similares de Chile. Consultado sobre los términos usados por Foxley, dijo que el tema fronterizo siempre es sensible, pero aseguró que él no sabía el contexto de esas declaraciones ni si el ministro estaba al tanto o no de los diálogos entre los oficiales de ambos países.

"No hubo un propósito violatorio, fueron las circunstancias las que obligaron al vehículo a avanzar casi dos kilómetros tierra adentro", insistió tras manifestar que, si recibe una comunicación escrita del Gobierno chileno, la responderá.

El espía que se vendió al Perú

En 84 meses de operaciones, entre 1998 y 2005, Inteligencia peruana accedió a información secreta de la Defensa Nacional. Cerca de mil documentos se filtraron con ayuda de un informante de la FAE

El 2 de julio de 2005, el Servicio de Inteligencia de la FAE desbarató el sistema más efectivo de espionaje que implementaron las Fuerzas Armadas del Perú (FAP) en el país. Comandos de esa fuerza culminaban el operativo de contraespionaje “Águila” con el allanamiento de la casa del suboficial Carlos Edmundo Romero Pico, en Manta, mientras la justicia daba luz verde al levantamiento del sigilo bancario de sus cuentas.

Ese día Romero Pico, quien pertenecía al Ala de Combate No. 23 de Manta, caminaba sin temor en Huaquillas, con dirección a un encuentro con miembros de la Inteligencia peruana en un restaurante de Aguas Verdes (Perú). Llevaba tres discos compactos que contenían 13 documentos reservados que le habían encargado sus vecinos. Fue detenido en la oficina de control de frontera.

Cerca de una veintena de militares trabajaron en la identificación del militar ecuatoriano que filtró información a las fuerzas peruanas por siete años. Inteligencia de la FAE calcula que desde 1998 hasta 2005, el suboficial Romero Pico entregó a la Inteligencia peruana más de 900 documentos relacionados con estrategias de defensa, teatros de operaciones bélicas, apreciaciones de inteligencia, análisis técnicos de armamento, sistema de espionaje y contraespionaje, así como de recursos internos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

La venta

El informe Águila calcula que Romero Pico habría ganado unos 150 mil dólares por la información entregada. El dinero se lo habrían entregado personalmente en sus encuentros con los peruanos y a través de decenas de transacciones financieras.

La Inteligencia peruana estudió el perfil del suboficial de la FAE y logró convencerlo “explotando su situación económica y debilidades personales”. Romero debía cuidar de siete hijos, fruto de cuatro relaciones sentimentales. Sus ingresos líquidos por quincena no superaban los 110 dólares.

Nunca se destacó en la vida militar; mantenía las últimas antigüedades y en su hoja de vida se registran 63 días de arresto.

Psicológicamente fue catalogado como “ambicioso, audaz, calculador, decidido, astuto”, pero sobre todo “inconforme en la autoridad, indisciplinado, sin principios éticos y morales”.

Fue reclutado por el teniente coronel de la Fuerza Aérea Peruana (FAP), Efraín Rojas, quien ejercía funciones en la embajada de Perú en Quito.

Sus primeros contactos se dieron en centros comerciales de la capital y el primer desembolso fue decisivo. Recibió 2.500 dólares en 1998, en plena crisis bancaria.

Desde que el servicio peruano de Inteligencia tomó “control” del informante, los contactos se realizaron principalmente en un restaurante llamado “Ojitos”, en Aguas Verdes. El objetivo fue precautelar la seguridad de los militares peruanos.

Los acercamientos se realizaban desde teléfonos móviles y convencionales y correos electrónicos. Antes de su captura, la FAE intervino sus llamadas e ingresó a su cuenta personal de Hotmail. Se determinó entonces las formas de pago: las transferencias de dinero iniciaban en una entidad financiera del Perú, se transfería a una cuenta en el Wachovia Bank de Nueva York, y desde allí hasta la cuenta del banco Internacional, de la compañera sentimental de Romero, obtenida en Manta.

La Fuerza Aérea compró la realización de al menos 55 transferencias por 65.000 dólares. Parte de ese dinero incluso se depositó en el propio banco de los militares, el Rumiñahui.

Traición a la Patria

Cuesta creer que un suboficial, miembro de la tropa de la Fuerza Aérea, obtuviera y transfiriera tanta información calificada sin ayuda alguna. La pregunta clave es: ¿Por qué en Romero Pico cayó toda la responsabilidad?

En el proceso penal militar que se inició en su contra en la Primera Zona Aérea, se lo sentenció a cinco años por el delito de alta traición a la Patria. No hubo más culpables.

Este Diario pidió una copia de ese juicio para conocer los detalles de los hechos, pero el juzgado negó la entrega del expediente de 15 cuerpos, a pesar de que se trata de información pública. El abogado de Romero prefirió no hablar.

El informe de Inteligencia no involucra a otros militares ecuatorianos a pesar de toda la información que él filtró a Perú.

Entregó una decena de documentos -fechados entre 1992 y 1998- obtenidos en la Escuela Superior Militar de Aviación. Entre 1998 y 1999 Romero fue trasladado a la Dirección de Inteligencia de la FAE (Difae). Desde esas funciones proporcionó al Perú un documento vital para su relación con los vecinos: “Deficiencia de los trabajos de operaciones de Inteligencia y Contrainteligencia de personalidades de la embajada del Perú”.

También se encargó de devolver documentos obtenidos en el Perú por la Inteligencia ecuatoriana. Esa retroalimentación de información le permitía a las fuerzas del Sur reordenar sus planes en la medida que Ecuador se enteraba de su planificación militar.

Para los años 1999 y 2000, Romero Pico fue enviado al Comando Conjunto. El resultado: 23 documentos filtrados.

Entre abril de 2002 y junio de 2005 fue trasladado al Comando de Defensa Aérea (Comda). Desde el nuevo cargo le vendió al Perú otros 15 documentos.

El líder de la red

De acuerdo con el informe Águila, el general de la FAP, Luis Valcarcel Hare, fue quien lideró desde Lima la red de espionaje. Junto a él colaboraban los mayores Grozzo Wolfgang y Jorge Arana Villón. Estos últimos fueron los contactos directos del suboficial Romero Pico.

Indirectamente se menciona el nombre de otros peruanos: Juan Carlos Blanco Requena y Carlos Domínguez Suárez. Se identificó al menos 14 llamadas al Perú por parte del suboficial a todos ellos.

Con el allanamiento a su casa en Manta se develó el flujo de comunicación que mantenían entre sí. Se encontró 21 mensajes desde febrero de 2004 hasta junio de 2005. En ellos se detalla sus acciones, enmascaradas en un supuesto negocio de compra y venta de mercaderías.

En uno de los últimos mensajes, en mayo de 2005, Blanco Requena le dice: “existe la posibilidad de alimentar a una empresa mucho más grande que centraliza a todas las demás ya que por el momento el viejo está nervioso. Se hablaría personalmente con alguien de peso…”.

Dos meses después, Romero fue capturado con todas las pruebas en su contra. El juicio se tramitó en doce meses y fue sentenciado a cinco años. Hoy debería guardar prisión en el cuartel Eplicachima, al sur de Quito.