El espía que se vendió al Perú

En 84 meses de operaciones, entre 1998 y 2005, Inteligencia peruana accedió a información secreta de la Defensa Nacional. Cerca de mil documentos se filtraron con ayuda de un informante de la FAE

El 2 de julio de 2005, el Servicio de Inteligencia de la FAE desbarató el sistema más efectivo de espionaje que implementaron las Fuerzas Armadas del Perú (FAP) en el país. Comandos de esa fuerza culminaban el operativo de contraespionaje “Águila” con el allanamiento de la casa del suboficial Carlos Edmundo Romero Pico, en Manta, mientras la justicia daba luz verde al levantamiento del sigilo bancario de sus cuentas.

Ese día Romero Pico, quien pertenecía al Ala de Combate No. 23 de Manta, caminaba sin temor en Huaquillas, con dirección a un encuentro con miembros de la Inteligencia peruana en un restaurante de Aguas Verdes (Perú). Llevaba tres discos compactos que contenían 13 documentos reservados que le habían encargado sus vecinos. Fue detenido en la oficina de control de frontera.

Cerca de una veintena de militares trabajaron en la identificación del militar ecuatoriano que filtró información a las fuerzas peruanas por siete años. Inteligencia de la FAE calcula que desde 1998 hasta 2005, el suboficial Romero Pico entregó a la Inteligencia peruana más de 900 documentos relacionados con estrategias de defensa, teatros de operaciones bélicas, apreciaciones de inteligencia, análisis técnicos de armamento, sistema de espionaje y contraespionaje, así como de recursos internos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

La venta

El informe Águila calcula que Romero Pico habría ganado unos 150 mil dólares por la información entregada. El dinero se lo habrían entregado personalmente en sus encuentros con los peruanos y a través de decenas de transacciones financieras.

La Inteligencia peruana estudió el perfil del suboficial de la FAE y logró convencerlo “explotando su situación económica y debilidades personales”. Romero debía cuidar de siete hijos, fruto de cuatro relaciones sentimentales. Sus ingresos líquidos por quincena no superaban los 110 dólares.

Nunca se destacó en la vida militar; mantenía las últimas antigüedades y en su hoja de vida se registran 63 días de arresto.

Psicológicamente fue catalogado como “ambicioso, audaz, calculador, decidido, astuto”, pero sobre todo “inconforme en la autoridad, indisciplinado, sin principios éticos y morales”.

Fue reclutado por el teniente coronel de la Fuerza Aérea Peruana (FAP), Efraín Rojas, quien ejercía funciones en la embajada de Perú en Quito.

Sus primeros contactos se dieron en centros comerciales de la capital y el primer desembolso fue decisivo. Recibió 2.500 dólares en 1998, en plena crisis bancaria.

Desde que el servicio peruano de Inteligencia tomó “control” del informante, los contactos se realizaron principalmente en un restaurante llamado “Ojitos”, en Aguas Verdes. El objetivo fue precautelar la seguridad de los militares peruanos.

Los acercamientos se realizaban desde teléfonos móviles y convencionales y correos electrónicos. Antes de su captura, la FAE intervino sus llamadas e ingresó a su cuenta personal de Hotmail. Se determinó entonces las formas de pago: las transferencias de dinero iniciaban en una entidad financiera del Perú, se transfería a una cuenta en el Wachovia Bank de Nueva York, y desde allí hasta la cuenta del banco Internacional, de la compañera sentimental de Romero, obtenida en Manta.

La Fuerza Aérea compró la realización de al menos 55 transferencias por 65.000 dólares. Parte de ese dinero incluso se depositó en el propio banco de los militares, el Rumiñahui.

Traición a la Patria

Cuesta creer que un suboficial, miembro de la tropa de la Fuerza Aérea, obtuviera y transfiriera tanta información calificada sin ayuda alguna. La pregunta clave es: ¿Por qué en Romero Pico cayó toda la responsabilidad?

En el proceso penal militar que se inició en su contra en la Primera Zona Aérea, se lo sentenció a cinco años por el delito de alta traición a la Patria. No hubo más culpables.

Este Diario pidió una copia de ese juicio para conocer los detalles de los hechos, pero el juzgado negó la entrega del expediente de 15 cuerpos, a pesar de que se trata de información pública. El abogado de Romero prefirió no hablar.

El informe de Inteligencia no involucra a otros militares ecuatorianos a pesar de toda la información que él filtró a Perú.

Entregó una decena de documentos -fechados entre 1992 y 1998- obtenidos en la Escuela Superior Militar de Aviación. Entre 1998 y 1999 Romero fue trasladado a la Dirección de Inteligencia de la FAE (Difae). Desde esas funciones proporcionó al Perú un documento vital para su relación con los vecinos: “Deficiencia de los trabajos de operaciones de Inteligencia y Contrainteligencia de personalidades de la embajada del Perú”.

También se encargó de devolver documentos obtenidos en el Perú por la Inteligencia ecuatoriana. Esa retroalimentación de información le permitía a las fuerzas del Sur reordenar sus planes en la medida que Ecuador se enteraba de su planificación militar.

Para los años 1999 y 2000, Romero Pico fue enviado al Comando Conjunto. El resultado: 23 documentos filtrados.

Entre abril de 2002 y junio de 2005 fue trasladado al Comando de Defensa Aérea (Comda). Desde el nuevo cargo le vendió al Perú otros 15 documentos.

El líder de la red

De acuerdo con el informe Águila, el general de la FAP, Luis Valcarcel Hare, fue quien lideró desde Lima la red de espionaje. Junto a él colaboraban los mayores Grozzo Wolfgang y Jorge Arana Villón. Estos últimos fueron los contactos directos del suboficial Romero Pico.

Indirectamente se menciona el nombre de otros peruanos: Juan Carlos Blanco Requena y Carlos Domínguez Suárez. Se identificó al menos 14 llamadas al Perú por parte del suboficial a todos ellos.

Con el allanamiento a su casa en Manta se develó el flujo de comunicación que mantenían entre sí. Se encontró 21 mensajes desde febrero de 2004 hasta junio de 2005. En ellos se detalla sus acciones, enmascaradas en un supuesto negocio de compra y venta de mercaderías.

En uno de los últimos mensajes, en mayo de 2005, Blanco Requena le dice: “existe la posibilidad de alimentar a una empresa mucho más grande que centraliza a todas las demás ya que por el momento el viejo está nervioso. Se hablaría personalmente con alguien de peso…”.

Dos meses después, Romero fue capturado con todas las pruebas en su contra. El juicio se tramitó en doce meses y fue sentenciado a cinco años. Hoy debería guardar prisión en el cuartel Eplicachima, al sur de Quito.