Ministro pide explicación al EP

Por dar buena pro a empresa cuestionada por la propia institución castrense. Mando militar arguye que las empresas de la familia Díaz Costa no están impedidas de intervenir en las licitaciones, a pesar de sus antecedentes.

A primera hora de ayer, el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, solicitó al contralor Genaro Matute Mejía que intervenga en el Servicio de Intendencia del Ejército (SINTE), organismo que otorgó la buena pro de una licitación a la empresa "SJT Comercializaciones y Representaciones", de propiedad de la familia Díaz Costa, cuestionada e investigada por la propia institución castrense.

A continuación, Flores-Aráoz requirió al inspector del Ejército, general Abilio Fox Calle, un informe en el que se explique por qué el SINTE contrató con la mencionada compañía, involucrada en dos millonarias licitaciones que los comandantes generales César Reinoso Díaz, en 2006, y Edwin Donayre Gotzch, en 2007, cancelaron debido a la presunción de actos fraudulentos. El SINTE compró a precio sobrevalorado uniformes y otras prendas de mala calidad.

El Ejército insistió ante La República que el proceso de adquisición fue transparente y destacó que contó con el visto bueno del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Consucode). Sin embargo, dicho organismo, a diferencia del Ejército, desconoce los antecedentes de "SJT Comercializaciones y Representaciones".

EVIDENTE FAVORITISMO
El comandante Carlos Díaz, de la Dirección General de Logística del Ejército (Digeloge), admitió a este diario que la Auditoría General del Ejército (AGE) –que tiene a su cargo las investigaciones a los Díaz Costa– no fue consultada sobre los resultados de sus pesquisas. Y señaló que en el caso de "SJT Comercializaciones y Representaciones", la empresa se encontraba habilitada por Consucode para intervenir en procesos de licitación. "Nada podemos hacer si no tiene impedimento", arguyó el comandante Díaz.

De acuerdo con un informe del auditor general del Ejército, general Wilver Calle Girón, fechado el 15 de setiembre de 2006, la AGE indaga las licitaciones en las que intervino la familia Díaz Costa desde el año 2000. Pero hasta el momento se desconocen las conclusiones de las pesquisas. Los voceros del Ejército no explicaron por qué demora tanto la auditoría.

Además, el 16 de octubre de 2006, el entonces inspector general del Ejército, Francisco Vargas Vaca, demandó al jefe de la Dirección de Logística del Ejército celeridad en las investigaciones relacionadas "con el presunto favoritismo del SINTE hacia la familia Díaz Costa (...), que registra antecedentes de irregularidades durante la ejecución de diversos procesos de selección llevados a cabo en el Ministerio del Interior y en el Ejército del Perú".

En 2007, Vargas Vaca documentó más casos de licitaciones manipuladas que favorecían a los Díaz Costa. Incluso el comandante general Edwin Donayre aprobó la anulación de varios procesos. Sin embargo, en diciembre pasado, Do-nayre sacó de su puesto a Vargas Vaca. Tres meses después de la expectoración, una de las empresas de los Díaz Costa, "SJT Comercializaciones y Representaciones", ganó una licitación del Ejército por 666 mil soles. Los Díaz Costa regresaron por la puerta grande. (Con la colaboración de Elizabeth Prado.)

LA CLAVE
En veremos. La fiscal anticorrupción Marlene Berrú Marreros también resolvió indagar el caso de las presuntas coimas de las empresas de la familia Díaz Costa a oficiales del SINTE.

Larga espera. La misma fiscal está a cargo del caso del uso indebido de asignaciones extraordinarias de combustible, que también comprende al general Edwin Donayre Gotzch. El caso lo investigó el general Francisco Vargas Vaca, destituido por Donayre.

LLUVIA DE INVESTIGACIONES

1) En 2007, la revista Caretas reveló grabaciones en las que el empresario Renato Díaz Costa, propietario de "SJT Comercializaciones y Representaciones", reconoce que paga "comisiones" a oficiales del SINTE para obtener la buena pro de las licitaciones. Al respecto, el entonces ministro de Defensa, Allan Wagner, dijo que la Inspectoría General del Ejército había intervenido en el caso y anunció que "el favoritismo a los Díaz Costa en el SINTE ya terminó".

2) El 13 de agosto de 2007, el ministro Wagner mediante resolución autorizó al procurador de asuntos judiciales del despacho iniciar acciones judiciales contra los oficiales del Servicio de Intendencia del Ejército (SINTE) que beneficiaron a las empresas de la familia Díaz Costa.