El comandante general del Ejército, Edwin Donayre

FANTASÍAS ANIMADAS DE AYER Y HOY... - I Así es la vida... del general

El comandante general del Ejército, Edwin Donayre, intensifica su carrera artística. Gracias a América espectáculos pudimos verlo ayer visitando los estudios de Así es la vida para felicitar a los actores Michael Finseth y Germán Loero, quienes realizaron grabaciones en las instalaciones del Ejército. Incluso, los invitó a visitar alguna zona fronteriza. Que vayan al Hito 1 del límite con Chile.

FANTASÍAS ANIMADAS DE AYER Y HOY... - II¿Quién soy yo? ¿Papá?

Donayre sí que se siente cómodo ante las cámaras, pues se vacilaba de lo lindo con Adolfo Chuiman, a quien le decía: "¡En la cara no! ¡En la cara no!". Hasta se animó a hacer ranas con Finseth y Loero. El general debe haber creído que estaba en un casting.

“FAP sabía de acoso sexual a cadete”

El diario OJO accedió al informe final de la Subcomisión del Congreso que investiga la violación a la cadete Diana Bazán en la Escuela de Oficiales de la FAP (EOFAP), el cual confirma que su supuesto agresor, el alférez Jesús Ferreyra, la “hostigó sexualmente” meses antes de ultrajarla, y la institución no actuó pese a que se supo esto.

Además, revela que la comisión de la FAP no solicitó al hospital Las Palmas, que revisó a Diana, el informe de “las huellas” de su violación, por lo que sus indagaciones tuvieron “un sesgo”. Rosa Venegas, presidenta de la subcomisión, dijo que no incluyeron los indicios de delito penal en el documento, porque el caso está en proceso en el Poder Judicial. A la vez, adelantó que hay “10 denuncias de violación” cometidas en la Policía y otras entidades del Estado, que están pendientes de investigación.

“FF AA deben permanecer en estado de alerta máxima”

Ante la reorganización de remanentes del MRTA alertada por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, José Aste, las fuerzas del orden deben mantenerse en alerta máxima, así como informar a las instancias del gobierno correspondientes cómo se está previniendo ese peligro. Así lo invocaron representantes de las diversas bancadas políticas del Congreso de la República.

Para Aurelio Pastor (APRA), es claro que los grupúsculos terroristas pretenden retomar su capacidad operativa lo más pronto posible. "Me parece saludable que nuestras FF AA estén atentas a estos grupos. Ellos obtienen apoyo económico del extranjero, y mientras no sean declarados terroristas en todo el mundo, podrán gestionar donaciones y actividades para financiarse en lugares como Europa, por ejemplo", indicó.

Víctor García Belaunde también tomó con seriedad este anuncio del Comando Conjunto. "Esta denuncia es muy grave, y hay que pedir a nuestras fuerzas del orden que a la brevedad posible precisen esta información y nos la hagan llegar, para darles todas las facilidades para acabar con estos focos subversivos", afirmó.

Asimismo, el vocero de Unidad Nacional, Luis Galarreta, señaló que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben cumplir fielmente con sus tareas de seguridad.

Protegen a militares que mataron a 117 en Putis

El informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) recogió la versión de los sobrevivientes de la masacre de Putis, en la que fueron ejecutados extrajudicialmente “no menos de 117 personas”. Este informe señaló como responsables de la masacre al oficial “Lalo”, el teniente “Bareta”, el comandante “Oscar” y el capitán “Cuervo”, seudónimos que ni el Ministerio de Defensa ni el alto mando del Ejército quieren revelar hasta ­ahora.

El comandante general del Ejército, Edwin Donayre, afirmó ayer que el Ejército va a “prestar todo apoyo a la justicia, pero se debe tener en cuenta las circunstancias donde ocurrieron esos crímenes”.Un rondero que colaboraba con el Ejército en 1984 confirmó la participación del teniente “Lalo” y lo describió como “alto, blanco, de pelo negro y lacio”.

A partir de estos testimonios, la Fiscalía Mixta de Huanta, Ayacucho, abrió investigación contra el general EP (r) ­Adrián Huamán y el comandante EP Edmundo Obregón Valverde, por el delito de homicidio calificado. Como parte de las actividades del Ministerio Público, han comenzado los trabajos de desentierro e ­identificación de las víctimas.

Carlos Tapia, ex miembro de la CVR, indicó que el Ejército debe responder por estos crímenes, ocurridos en diciembre de 1984, y revelar quiénes estuvieron detrás de estos dramáticos sucesos, en que fueron victimados 124 hombres y mujeres, comuneros de Putis, Cayramayo, Rumichaca, Rodio, Pampahuasi, Vizcatán Pata, Sayhuallamniyocc y Sinhuamachayniyocc.

Entre las víctimas hay 19 niños de uno a 14 años de edad.Añadió que las fosas comunes en el cuartel Los Cabitos en Huamanga, y en la base militar de Putis, en las alturas de Huanta, ponen en evidencia que las violaciones de los derechos humanos respondieron a una estrategia sistematizada y de ninguna manera fueron acciones aisladas de algunos militares.

Al respecto, el ex congresista Javier Diez Canseco consideró este caso como “paradigmático”, porque “no sólo es la fosa más grande encontrada hasta el momento, sino que revela la existencia de una política genocida dirigida a eliminar colectivos humanos en razón a la raza, creencias y ubicación geográfica”.

Recordó que Martin Rivas, jefe del destacamento militar Colina, dijo que en la Escuela de las Américas aprendió que había que responder al terror con más terror. Diez Canseco subrayó que la mayoría los Colina hicieron su sangriento paso por Huamanga, la Casa Rosada, el cuartel Los Cabitos.

Donayre: “Yo no protejo a nadie”

COMANDANTE GENERAL DEL EP CONFIRMA QUE SE INVESTIGA TRÁFICO DE ARENA QUE IMPLICA A OFICIALES

El habitual buen humor del comandante general del Ejército, Edwin Donayre, se esfumó por completo al ser preguntado sobre la denuncia de tráfico de arena en la Quebrada Cruz de Hueso, que beneficiaría a un alto mando de la institución castrense.

“Yo no voy a proteger a nadie. Pero tampoco voy a exponer a mis oficiales. Yo me remito a todas las investigaciones, que deben tener sus resultados. Yo no estoy realizando la investigación”, declaró muy fastidiado.

Por su parte, el ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz, informó que en un plazo máximo de diez días estará listo el informe sobre la presunta explotación irregular de este terreno en posesión del Ejército.

“Pedí una investigación por parte de la Inspectoría General del Ministerio de Defensa, y no creo que demore más de diez días”, indicó.

Para Antero, Chile distorsiona paz de la región

Le puso la puntería.

Ante la soberbia adquisición de armamento por parte de Chile, el ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz, manifestó ayer que si bien el Perú no se mete en lo que hacen otros países, quiere que en la región no existan elementos que distorsionen la paz que se busca mantener.

En tono crítico, señaló que espera que en el futuro pueda haber algún trato en la línea de generación de confianza con el fin de que se reduzcan esas compras millonarias de armamento. Indicó que hay países como Chile que, por tener un elevado porcentaje de regalías, cada día tienen ingresos que han ido gastando en compra de armamento, lo cual no es conveniente porque los obliga a gastar más de lo que necesitan.

En el caso peruano, dijo que la política del gobierno es mantener operativas y eficaces a las Fuerzas Armadas para enfrentar cualquier tipo de peligro, pero sin hacer compras de armamento innecesarias. “Se comprará, reparará y repontenciará el armamento absolutamente necesario.

Nuestra política de defensa es defensa. No es ofensa y no es agresión”, enfatizó. Caso Corte IDH De otro lado, Flores Aráoz informó que el Estado peruano ha propuesto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos algunas medidas para evitar la sobrecarga procesal y garantizar el debido proceso en esa instancia internacional.

El planteamiento –dijo– cuenta con el respaldo de otros países de la región. Una de las propuestas es que las denuncias se procesen según como vayan llegando para evitar la acumulación y la sobrecarga procesal. También se ha planteado la implementación del silencio administrativo negativo en la Corte IDH y que exista el abandono de instancia con la finalidad de reducir la carga procesal.

Ayacucho parará de todas maneras

El presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, Iver Maraví, rechazó las expresiones del presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, quien, luego de asistir a ­una mesa de diálogo con las autoridades de la región, señaló que el paro regional convocado por “sectores radicales” para el 8 de julio, que demandará el retiro de las tropas norteamericanas de esa región, no tiene justificación y sólo busca generar violencia.

“Del Castillo sólo busca confundir al país; Ayacucho no sólo protestará por el ingreso de militares estadounidenses, sino reclamará una atención preferente del Estado, a la cual el gobierno se comprometió en 2007. Hemos decidido este paro en forma unánime, en una asamblea de delegados y Ayacucho va a parar de todas maneras.

De eso no hay duda”, afirmó.Aclaró que el pueblo de Ayacucho está contra la política neoliberal, las privatizaciones, el alza del costo de vida y la Ley de la Selva. “Ayacucho sabe defender sus intereses y los intereses del país”, manifestó. Iver Maraví exigió, asimismo, que cese la persecución a los dirigentes sociales de Ayacucho.

Falta equidad

Respecto al anuncio de Del Castillo, de que el gobierno invertirá más de 500 millones de soles en la región, Maraví dijo que “es cierto que Ayacucho está recibiendo más millones que otros años, pero la distribución del presupuesto nacional sigue siendo inequitativa y Ayacucho sigue recibiendo las migajas”.

De ese dinero, continúa, hay que ver cuánto se va en gasto corriente y cuánto queda para hacer las obras de envergadura que Ayacucho necesita, como carreteras, colegios y postas médicas.

Ministerio de Defensa debe entregar lista de jefes de Base Militar de Putis de 1984

El Ministerio de Defensa (Mindef) debe colaborar con el Ministerio Público (MP) y entregar la relación de nombres de los jefes y efectivos del Ejército que prestaron servicio en el año 1984 en la Base Militar de Putis, para poder identificar a los presuntos responsables del asesinato de más de 120 campesinos, afirmó la magistrada adjunta de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho, Cristina Olazábal.

“Hasta el momento no hemos podido determinar (quienes son) los autores de este hecho, pues hemos enviado reiterados oficios al Ministerio de Defensa y aún no se ha establecido el nombre de los jefes de la Base de Putis. (…) Es el Ministerio de Defensa quien tiene que ayudar a la Fiscalía a través de los informes, que puedan tener en su acervo documentario. (…) La exhumación va a continuar, pero nosotros estamos exhortando a que se nos brinde el nombre de los efectivos que prestaron servicio en Putis”, afirmó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.Sostuvo que es importante que el Ministerio Público cuente cuanto antes con estos datos, con el objetivo de que se agilicen las investigaciones.

Respecto a las exhumaciones, ratificó que se han encontrado sesenta cadáveres y manifestó que los trabajos continuarán en tres fosas más que ya han sido inmovilizadas.Precisó que las exhumaciones se encuentran oficialmente a cargo del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), por un pedido especial de la Asociación Paz y Esperanza.

“El Ministerio Público como defensor de la legalidad e investigación del delito, siempre cumple su rol y en ningún momento se pude apartar de la investigación. En esta oportunidad los peritos oficiales del Ministerio Público han sido dejados de lado para que los peritos del Equipo Peruano de Antropología Forense puedan asumir las exhumaciones, esto por un pedido de la Asociación Paz y Esperanza”, refirió.

Finalmente, la magistrada adjunta de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho, recordó que este caso se encuentra en su segunda etapa de exhumación, ya que la indagación se inició en el año 2005, luego de presentado el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).Hace una semana fueron exhumados sesenta cadáveres de una fosa común en la localidad de Putis, lo que confirmaría que esta masacre perpetrada aparentemente por el Ejército Peruano en el año 1984, fue una de las más cruentas de la historia del Perú.

Restos óseos, ropas destrozadas y cráneos perforados por balazos y golpes, fueron hallados en esta aislada comunidad situada a 3.500 metros sobre el nivel del mar, donde fueron masacrados más de 120 campesinos.

Altos mandos del Ejército utilizan terreno de entrenamiento para un negocio ilegal

El Ejército se vio envuelto en nuevo escándalo. Mario Nieto Mc Evoy, primo del secretario del comandante general del Ejército, Javier Bouroncle Mc Evoy, dirige la explotación y venta ilegal de arena en un terreno de la institución castrense bautizado como la Quebrada Cruz de Hueso, a la altura del kilómetro 46 de la Panamericana Sur, y destinado desde 1972 únicamente para el entrenamiento de las tropas.

Según reveló un reportaje de investigación del programa periodístico Cuarto Poder, a inicios del año pasado Mario Nieto recibió la propuesta del Ejército para hacer trabajos de nivelación en 100 hectáreas que representan la entrada a la zona de entrenamiento en la quebrada. Lo curioso es que la institución castrense suscribió un contrato con Nieto hasta el 2013 cuando ni siquiera tenía una empresa propia. Nieto tuvo que pedirle a su hijo que firmara el contrato a nombre de su empresa, Proveedores A1 SAC.

SIN AUTORIZACIÓN
Pero eso no es todo. A partir de la suscripción del contrato, el cuñado del secretario del comandante general del Ejército incursionó en la venta de arena, sin tener una autorización del Ministerio de Energía y Minas, ni del Ingemmet, para la concesión del área.

Es más, en la actualidad Nieto no cumple con emitir comprobantes de pago por la venta del mineral que genera alrededor de 10 mil soles diarios de ingresos.

DESMIENTEN AL EJÉRCITO
El general EP Luis Alberto Sánchez, actual director de Educación y Doctrina del Ejército, quien suscribió el contrato con Mario Nieto Mc Evoy, respaldó el accionar de este último al señalar que para la extracción y venta de arena no se necesita ningún permiso especial.

"Ellos solo nos hacen el trabajo. Ellos comercializan y nos dan parte de la utilidad (15 por ciento mensualmente). Así de simple. No hay nada irregular", dijo Sánchez, quien argumentó que como la arena "no es un mineral", no es necesario pedir autorizaciones.

Pero la versión de este alto mando del Ejército fue desmentida tanto por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, como por el Instituto Minero, Geológico y Metalúrgico (Ingemmet).
El director de Concesiones Mineras del Ingemmet, Ángel Chávez, manifestó que la arena sí es considerada un mineral, y se debe tener autorizaciones necesarias para su exploración y explotación.

"La arena es muy fácil de sacar, pero hasta para esta tarea se debe tener autorización del Ministerio de Energía y Minas", manifestó.

SE AVISÓ A TIEMPO
Por su parte, el superintendente nacional de Bienes Estatales, Jorge Villanueva, sostuvo que apenas su entidad detectó la explotación y venta ilegal de arena bajo la fachada de nivelación de tierras, en una propiedad del Estado concedida al Ejército, envió una comunicación al Ministerio de Defensa para que tomen acciones.

De esta manera se cae la coartada de los altos mandos militares que respaldan el accionar del primo del secretario del comandante general del general Edwin Donayre, a pesar de que el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, ha enviado al Ejército una comunicación que señala que este negocio es ilegal.

Investigación por concluir
El 14 de abril de este año, el ministro de Defensa Ántero Flores-Aráoz envió una carta al comandante general del Ejército, Edwin Donayre, solicitándole que cese la explotación y venta del mineral por ser un negocio ilegal. Donayre no acató la recomendación del titular del sector.

Donayre sostuvo, más bien, que "no es función del Ejército realizar actividades mineras". Asimismo informó que aún se está investigando el tema porque hay informes legales, y que en los próximos días su despacho concluirá con la investigación de actos de corrupción en la institución.

Si bien el comandante general del Ejército no atendió como se debe la recomendación del titular de Defensa, anoche, luego de la emisión del reportaje que puso en evidencia que uno de sus hombres de confianza está implicado, llamó a Cuarto Poder y anunció que actuará con severidad si se comprueba que militares están involucrados en el caso.

Chile dispuso de US$ 1400 millones para comprar armas en el 2007

Las Fuerzas Armadas de Chile dispusieron de 1.400 millones de dólares para la compra armamento en el 2007, según un informe de la revista británica The Economist, fechado el último 29 de mayo.

Según la publicación, dicho presupuesto es consecuencia de la Ley Reservada del Cobre, que establece que el diez por ciento de las ventas de la empresa estatal chilena Corporación Nacional del Cobre (Codelco), la mayor productora mundial de ese metal, se destine a la compra de armamento y en la renovación de equipos militares.

"El apetito de Chile por nuevos equipos es una preocupación para Bolivia y Perú, países que tienen disputas de tierras y de fronteras marítimas, respectivamente, y que fueron los derrotados en una guerra del siglo XIX", dice el artículo sobre las compras de armamento en la región y cuyo título es elocuente: "Se hablan fraternalmente, pero llevan un garrote".

La Ley Reservada del Cobre se remonta a los años sesenta del siglo pasado, pero recién bajo la dictadura de Augusto Pinochet, en 1976, se estableció la transferencia de un monto fijo, el 10%, para la adquisición de material bélico.

El texto de la norma decreta que el dinero recaudado debía ser "depositado en el Banco Central de Chile, en moneda dólar" y orientado solamente para la renovación y compra de equipo militar.
Esta ley ordena a las Fuerzas Armadas chilenas gastar de acuerdo con los volúmenes de venta del cobre en el mercado internacional, independientemente de las necesidades reales de los institutos castrenses. Esto significa que las fuerzas armadas del vecino país deben adquirir material militar por un valor desorbitante cuando, como en estos momentos, el precio del cobre se encuentra en alza.

La Ley Reservada del Cobre ha sido cuestionada por sectores de la oposición en Chile dado al secretismo que existe alrededor de las compras bélicas. En el 2004, cuando se desempeñaba como ministra de Defensa, Michelle Bachelet se opuso al pedido para modificar la Ley, transparentar los gastos y permitir la fiscalización del Congreso. Al respecto, Enrique Obando, analista en temas militares, aseveró que la diferencia de gasto entre Perú y Chile es "abismal". Pero de inmediato pone paños fríos al tema: "Chile no compra armas para la guerra, sino para obtener prestigio, influencia y poder de negociación. Utilizarán su equipamiento como un elemento de disuasión en un conflicto internacional", dijo Obando. Se ha establecido que en el 2007 Chile compró 118 tanques Leopard, 100 hammers, 2 Airbus A310, 12 helicópteros AF332, etc.

Evalúan compra de un satélite
El ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, reveló que el gobierno peruano estudia la conveniencia de comprar un satélite, tal como lo hará Chile. Asimismo, restó importancia a la compra que hará Chile de un satélite, y que podrá tener capacidad para tener imágenes del territorio de sus vecinos, según trascendió a la prensa. “La compra de un satélite no se hace de la noche a la mañana. No es como entrar a una panadería y comprar pan) tolete.Hay procesos y concursos”. Según el analista de temas militares Enrique Obando, el gobierno tiene presupuestado destinar 654 millones de dólares para comprar armas entre los años 2006 y 2011.

Peligro latente por tropas en el Vrae

Luego que el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, justificara que las tropas norteamericanas ingresen con armamento a Ayacucho porque aún hay remanentes subversivos, el analista político Alberto Adrianzén calificó como un “error” y un “peligro” la decisión gubernamental de permitir su ingreso a una región en que aún hay elementos narcoterroristas.

Adrianzén dijo que le parece extraño y muy peligroso el permiso para que tropas extranjeras ingresen armadas a la zona del Valle Río Apúrimac – Ene, Vrae, porque no se puede descartar “la posibilidad remota” que ocurra un hecho fatal. Al respecto, el comandante EP (r) Juan Castro, experto en guerra electrónica, indicó a LA PRIMERA que los militares están cumpliendo con su libreto, “pues primero, siempre se introducen a un país para realizar sus “acciones cívicas”, y con ese permiso, nunca se sabe cuándo van a salir”.

Recordó que antes del último permiso del Congreso, el Ministerio de Defensa ha promulgado 11 resoluciones ministeriales autorizando el ingreso de militares norteamericanos al Vrae, sin que se sepa cuántos son, ni cuándo van a salir. No descartó que los militares norteamericanos se instalen en las 35 bases contrasubversivas que existen en el Vrae. Y agregó que estas acciones están vinculadas con la implementación del tratado de libre comercio entre Perú y Estados Unidos.