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13 de abril de 2008

Jefe del Vrae espera no ser acusado penalmente

Al asumir el cargo como jefe del Comando Especial para los Valles de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), el general de brigada Raymundo Flores Cárdenas anunció que combatirá tenazmente al terrorismo y narcotráfico, no obstante, dijo esperar que luego no sea puesto en el banquillo de los acusados por hacerlo.
“Pedimos apoyo de los compatriotas para vencer al narcoterror. Esta guerra contra el narcoterrorismo es una guerra justa y la vamos a ganar (...) No escatimaré esfuerzos ni sacrificio alguno y lo haré en el marco del respeto a los derechos humanos, del derecho internacional, la Constitución y las leyes de nuestra patria”, manifestó.
También anunció la reorganización de los comités de autodefensa. “Si es necesario abonar con sangre nuestra bendita tierra, será abonada con la sangre del terrorista. Será la sangre del enemigo la que sea ofrendada”, agregó tajantemente.

24 de marzo de 2008

Flores Aráoz dijo que desconoce supuesto ataque narcoterrorista en Ayacucho

El titular de Defensa sostuvo, sobre la emboscada en VRAE que dejo una policía muerta en la víspera, que no tenía ninguna información.

El ministro de Defensa, Antero Florez Aráoz, aseguró que no está enterado del supuesto ataque narcoterrorista que se produjo en Ayacucho y que tuvo como resultado la muerte de una policía.
"Cuénteme sobre el particular, porque yo he regresado ayer de Huamanga y no sé nada (.) Hay un error, creo que usted se refiere a lo de Andoas. De Ayacucho, no tengo ninguna información", aseguró el ministro, al ser consultado sobre este tema, en declaraciones a RPP.

Cabe recordar que, en la víspera, la Sub Oficial de tercera Marisel Solier Gavilán falleció producto de una emboscada en el VRAE que dejó seis efectivos heridos. El ataque, que se produjo a las seis de la tarde, fue a unos 40 kilómetros de Huamanga.

Florez Aráoz sostuvo que como estrategia en la lucha contra el narcoterrorismo se han visto obligados a instalar puestos móviles, además, de los fijos que se encuentran en la zona de conflicto.

De otro lado, el ministro se refirió a la presencia de las FARC en territorio peruano. "Es más que conocido que por el plan Colombia, las fuerzas armadas de ese país, han estado empujando a las FARC hacia el sur. El Perú, esta tomando acciones en la zona del Putumayo, realiza acciones de control en la zona (.) No hay información de avistamiento, de columnas de las FARC con material de guerra o armamento. Lo que puede haber es infiltración de gente vestida de civil. En estas fronteras tan grandes, entran de un lado, salen de otro y viceversa".

Florez Aráoz afirmó que existe un trabajo conjunto con las fuerzas armadas y la policía colombiana, en la lucha contra los guerrilleros. "Con Colombia tenemos el sistema del 2+2. Tenemos suscritos algunos convenios para evitar que hayan incursiones de uno u otro lado".

18 de febrero de 2008

SL planifica nuevos ataques en el VRAE

Desde enero narcosenderistas alistarían ataques contra efectivos. Base de Palmapampa estaría en la mira.

No se trataría de una movilización rutinaria. Columnas de narcosenderistas rondan comunidades del Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) para realizar acciones de reconocimiento y perpetrar nuevos atentados desde diversos puntos contra las fuerzas del orden. El principal objetivo: controlar a las firmas de narcotraficantes que operan en el lugar.


Según fuentes de Inteligencia de la Policía a las que tuvo acceso La República, el 15 de febrero último una columna de 30 remanentes de Sendero Luminoso, dirigida por el "camarada Guillermo", fue identificada en Sello de Oro y Paltaypata, zonas ubicadas en las alturas del distrito de Santa Rosa, provincia de La Mar, en la región Ayacucho.

De acuerdo con la información policial, la columna se desplazó por el lugar desde enero y habría permanecido tres semanas, provista de fusiles AKM, Gallil, FAL, escopetas y granadas de guerra tipo instalaza. Además llevaba equipos de comunicación (radios motorola) y armas blancas.

Las mismas fuentes señalaron que los narcosenderistas formaron grupos reducidos de reconocimiento para desplazarse y confundirse entre los pobladores de las comunidades de San José, Ccahuasana, Yanasasha, Rinconada Alta y Cumumpiari, y otras ubicadas en las alturas del distrito de Santa Rosa, donde habrían realizado actividades proselitistas y acopio de víveres.
El nuevo discurso sigue incólume: "No vamos a matar campesinos como antes", "Defenderemos la coca", "Trabajen tranquilos".

MOVILIZACIONES Y ATAQUES
El mismo 15 de febrero, el "camarada Julián", mando logístico de la Compañía Sur o Vizcatán, habría informado al "camarada José", mando político y militar dentro de Sendero Luminoso, sobre la destrucción de las pozas de maceración de cocaína en la zona de Marintari del distrito de Santa Rosa, realizado por la policía antidrogas el 12 de febrero.

"Julián" le hizo saber a José que los pobladores estarían "cansados" de los operativos de interdicción por lo que le habría ordenado el reglaje al personal policial, instalaciones, aeronaves y unidades móviles para perpetrar nuevos atentados terroristas contra los efectivos. En base a esta información, los agentes antidrogas de Palmapampa estarían en alerta roja.

"En Sello de Oro hay un pelotón senderista sólidamente constituido. Desde allí estarían planificando atacar la base antidrogas de Palmapampa", dijo un agente de inteligencia para explicar que la misión es controlar a los narcotraficantes que operan en Santa Rosa, San Miguel y la selva de Anco y Chungui.

Paralelamente, en los límites de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Junín, los camaradas "Foxtrop" y "Flaco", ya contarían con los medios logísticos para perpetrar una acción armada en la zona.

BUSCA DEMOSTRAR CONTROL DEL LUGAR
En horas de la tarde del 24 y 25 de enero, un grupo de campesinos de la comunidad de Nueva Jerusalén observó a unos 20 remanentes senderistas vestidos con ropa de apariencia militar ensuciada por el barro y mojada. En ese lugar, los sediciosos optaron por cambiarse de ropa y se vistieron con prendas de civil para luego interceptar un camión tipo lancha y trasladarse hacia la localidad de Santa Rosa, donde habrían acopiado víveres. La comunidad de Nueva Jesuralén es una zona estratégica de paso, para llegar a Sello de Oro, lugar donde los senderistas estarían atrincherados a partir del 2006 y desde donde estarían planificando nuevas acciones subversivas.

Para el especialista en temas de narcotráfico y seguridad Jaime Antezana, SL alista una nueva ofensiva "para consolidarse como la principal organización armada que garantiza el tránsito de las rutas de entrada y salida de droga del VRAE. En otras palabras, de su posición de concesionario de la ruta". Además, dijo que desde el 2005 Sendero amplió su área de influencia hacia el sur del VRAE por sus vínculos con el narcotráfico.

9 de enero de 2008

Los privilegios del terrorismo

La traición
La concesión de granjerías a los terroristas presos fue una traición a la memoria de las víctimas del terrorismo y al sistema democrático, porque ha fortalecido a quienes quieren liquidar la democracia. La historia de felonías empezó con la aprobación del Decreto Supremo 003-2001-JUS, de fecha 18 de enero de 2001, durante el gobierno de Valentín Paniagua, que concedió los primeros beneficios a los terroristas recluidos en la Base Naval del CallaoLas concesiones fueron mayores al aprobarse el Decreto Supremo 024-2001-jus (reglamento del penal de la base naval), durante el régimen de Alejandro Toledo.Posteriormente se dictaron la Resolución Ministerial 388-2001-JUS (Reglamento del Comité Tecnico), el Decreto Supremo 002-2004-JUS, que modificó dicho reglamento) y el Decreto supremo 013-2004-JUS (regulación del sistema de visitas)Le corresponde a la nueva Ministra de Justicia, Rosario Fernández, corregir esta injusticia conocida y ocultada por las ONG de “derechos humanos”, socias de los autores de la traición.Y al presidente del Congreso le toca ordenar una investigación inmediata para establecer las responsabilidades y sanciones políticas correspondientes, bajo su propia responsabilidad.

Mientras miles de peruanos pobres que han tenido la desgracia de caer presos viven en condiciones infrahumanas en la mayoría de los penales del país, los máximos genocidas del país, Abimael Guzmán y sus secuaces, disfrutan de privilegios que nadie podía imaginarse hasta ahora, informaron a EXPRESO fuentes confiables.

Estamos ante un escándalo de proporciones mayores que debe ser esclarecido, para que los responsables sean identificados y sancionados de modo ejemplar, por el bien de la moral del país y por respeto a la memoria de miles de peruanos asesinados por los terroristas.

De todo
Abimael Guzmán, sus cómplices y los jefes del MRTA presos en el penal de la Base Naval del Callao, no cumplen sus condenas bajo un régimen penitenciario de máxima seguridad, como debería ser, dada la gravedad de sus crímenes, sino todo lo contrario, precisaron las fuentes, que pidieron el anonimato.

Nuestros informantes precisaron a EXPRESO cuales son las condiciones “relajadas” en que transcurren su vida en prisión los terroristas más avezados. Esto es lo que nos reportaron:
Permanecen nada menos que 12 horas del día fuera de sus celdas, con entera libertad para reunirse y conversar entre ellos de lo que quieran, inclusive de sus planes para reorganizar sus respectivas organizaciones terroristas.

Hace poco, el sociólogo y periodista Raúl González reveló que Sendero Luminoso está organizando su próximo “congreso”, con el fin de dar por concluida su reorganización interna y reafirmar su objetivo final: Asaltar el poder por la vía armada e instaurar una tiranía totalitaria y genocida, al estilo de Pol Pot en Camboya.

¿Acaso Guzmán envía desde su celda los escritos que contienen los lineamientos políticos e ideológicos para reorganizar a esa banda armada?.

Sin duda
Antes teníamos alguna duda al respecto, pero, de ser cierto todo esto, no quedaría la menor duda de que Guzmán dirige Sendero Luminoso desde la prisión, porque no sólo tiene acceso libre a sus cómplices, sino que, además, tiene derecho a enviar sus escritos a donde él quiera.

Guzmán también usa una sala de trabajo y tiene una máquina de escribir que se la lleva a su celda mientras permanece en ella, para seguir haciendo sus “trabajos políticos”.

Y cuando quieren disiparse y relajarse, Guzmán y los demás jefes terroristas presos en la base tienen acceso libre a otra sala especial dotada de equipos de televisión y DVD.

¿Aló, Artemio?

Las granjerías no acaban allí, ya que Guzmán y los demás presos, según nuestras fuentes, pueden hacer llamadas telefónicas locales y de larga distancia.

También están autorizados a intercambiar correspondencia con quienes ellos quieran, con absoluta libertad.

Esto último incluye la libertad para intercambiar, además de cartas y escritos, libros y presentes con los presos de otros penales del país, de cualquier penal del país.

La pregunta aquí es ¿Y las autoridades encargadas de custodiarlos están obligadas a actuar de mensajeros entre los terroristas presos en distintas prisiones?.

Bien informados
Lo más indignante de todo es que los cabecillas terroristas tampoco están aislados del acontecer político del país, sino todo lo contrario. Las normas infames que regulan su carcelería les permite escuchar la radio libremente, y recibir todos los diarios y revistas que quieran.

De esta manera pueden tener un mejor conocimiento de la realidad política, lo cual les permite trazar directivas más certeras a sus organizaciones criminales. ¿Es posible combatir así al terrorismo?

Las visitas
En lo que respecta al régimen de visitas que están autorizados a recibir los terroristas de la base naval, también hay una benevolencia extrema y enervante.

De acuerdo a lo dispuesto por la alianza toledista – caviar entre los años 2001 y 2004, ellos podían recibir en sus celdas las visitas de familiares dos veces por semana, y sus abogados pueden visitarlos en privado hasta tres horas, en las celdas.

Esto es clave, porque los abogados de Sendero Luminoso no son profesionales independientes contratados para brindar un servicio, sino miembros de la organización o personas de absoluta confianza de la banda criminal en el peor de los casos, lo cual facilita la filtración de mensajes y directivas terroristas por esa vía.

El año 2006, tras una denuncia de EXPRESO, el Congreso de la República canceló las visitas directas de familiares y restableció el uso de los locutorios para esa clase de visitantes.
Por si fuera poco, los terroristas que tienen pareja también tienen derecho a hacer vida íntima dentro del penal.

Finalmente, todos están autorizados a recibir los alimentos que les traigan sus visitantes.

La clave
“El régimen carcelario benévolo que disfrutan los jefes terroristas los ha hecho sentirse fuertes y con ganas de divulgar más su ideología criminal por medio de libros y otros escritos que difunden fuera de la prisión, lo cual está autorizado”, indicó la fuente.

¿Por qué un régimen severo?
Inmediatamente después de la captura de los principales cabecillas terroristas, en los años 90, el Estado les impuso un régimen severo de carcelería que, según las ONG caviares era “inhumano”, pero en realidad tenía un objetivo político claro y legítimo.

Los presos podían salir solamente una hora al día a pasear por un patio, solos; podían recibir sólo una visita al mes de un familiar directo, y otra de su abogado, en ambos casos en presencia de un custodio.

Tampoco tenían acceso a diarios, revistas, radio ni televisión; sólo podían utilizar un DVD para distraerse.

Todo esto tenía por objeto impedir que los cabecillas tengan comunicación indirecta o directa con sus secuaces libres o presos en otras cárceles, con el fin de que no puedan reorganizarse.

El régimen, que se aplicaba en todas las prisiones para terroristas, tuvo por objeto “quebrar” a los reos para que renuncien al terrorismo y se adhieran al sistema democrático. De hecho se cumplió ese objetivo, pues centenares de senderistas capitularon, aceptaron colaborar con la justicia, y de inmediato pasaron a tener un régimen penitenciario normal, en pabellones separados.

Al llegar la izquierda caviar al poder, canceló ese programa y los arrepentidos fueron mezclados de nuevo con los terroristas avezados, lo cual permitió que muchos sean captados de nuevo para las filas senderistas, “por las buenas o por las malas”. (Expreso)

Solo 22 militares y policías condenados por DDHH

La realidad muestra que no existe la supuesta persecución judicial a los militares que participaron en la lucha contra el terrorismo, de la que suelen quejarse algunos altos mandos de las Fuerzas Armadas.

Según las estadísticas de la Sala Penal Nacional que juzga los casos contra los Derechos Humanos, de enero 2005 a diciembre 2007 se dictaron 25 sentencias por asesinatos y desaparición forzada ocurridas en la guerra contra el terrorismo.
De esos fallos, recibieron condena 22 procesados: 16 policías y 6 militares. En esos juicios se absolvió a 43 policías y 13 ex oficiales y subalternos del Ejército, quienes también fueron acusados por crímenes de lesa humanidad.

"Los jueces no perseguimos a nadie. Con la mayor independencia posible, se juzga y condena en base a pruebas que presenta la fiscalía; y cuando no las hay, por diversos motivos, se debe absolver", explicó el presidente del referido tribunal, Pablo Talavera.

El juez aclaró que en los casos de Derechos Humanos es difícil tener pruebas porque generalmente no quedan testigos.

En otros casos, explicó Talavera, se denunció a toda una patrulla, pero en el juicio aparece que solo unos cuantos participaron en el crimen.

SENTENCIAS

Entre los casos sentenciados por la SPN se encuentran las desapariciones del estudiante Castillo Páez y de las autoridades de Chuschi, el asesinato del periodista Hugo Bustíos y otros casos menos publicitados, pero no por ellos menos violentos.

Los asesinos de Hugo Bustíos, los ex oficiales del Ejército Víctor La Vera y Amador Vidal, fueron condenados a 17 y 15 años de prisión por asesinato. A Bustíos le dispararon y volaron su cuerpo con explosivos.

Igualmente, condenaron a 6 y 14 años de prisión al alférez PNP (r) Luis Mariano Juárez y al teniente EP Collins Collantes, por la desaparición de seis autoridades civiles y comunales del poblado de Chuschi, en Ayacucho, en 1981. (La Republica)