Fuerzas combinadas buscan por aire y tierra a asesinos de dos ronderos

El Comando Conjunto de las FF.AA. confirmó que hubo emboscadas. En el Huallaga hallan presunto campamento subversivo.

Tres patrullas del Ejército y un helicóptero artillado de la Fuerza Aérea persiguen por tierra y aire a los narcoterroristas que el miércoles emboscaron a una patrulla del comando especial de las Fuerzas Armadas en Anchihuay, anexo del distrito de Anco, provincia de La Mar ( Ayacucho).
En dos enfrentamientos murieron Carlos Amancio Torres Quispe (33) y José Velásquez Urbano (39), del comité de autodefensa Unión Vista Alegre de Anco. Eran dos de los 10 guías que apoyaban a los militares que patrullan la zona desde hace cinco días.

El general EP Raymundo Flores Cárdenas, jefe del Comando Especial VRAE formado por la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea, dispuso realizar estas operaciones en Anchihuay, Pichihuilca y Sanabamba (distrito de Anco), ante la denuncia de los pobladores de la presencia de narcoterroristas armados tratando de infiltrarse en los anexos.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas confirmó los enfrentamientos. El primero ocurrió a las 10 a.m. la mañana del miércoles en una zona muy agreste, con profundos precipicios. Allí atacaron a los dos guías campesinos. Esto les dio tiempo a los militares para repeler con fuego cruzado. Los terroristas respondieron con armas de largo alcance y activaron las trampas denominadas 'cazabobos', sembradas en el único camino de herradura que conduce hacia el poblado de Anchihuay.

Dos horas y media después volvieron a enfrentarse en la ruta hacia Chinquipilca, a dos kilómetros de los ductos del gas de Camisea. Esta columna estaría encabezada por el narcoterrorista conocido como 'Guillermo', que forma parte de los 300 terroristas que tienen presencia en todo el valle de los ríos Apurímac y Ene.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a través de un comunicado oficial lamentó la perdida de la vida de los dos guías campesinos. Señaló que ha dispuesto que se brinde a los familiares el apoyo legal correspondiente.

EN EL HUALLAGA

Mientras tanto en el Huallaga, ayer una patrulla policial ejecutó un plan de operaciones contraterrorista, cuyo objetivo era la ubicación e incursión de un posible campamento del Comité Regional del Huallaga, que estaría bajo el mando del sujeto conocido como 'Izula'.

Encabezados por el general PNP Edwin Palomino y el coronel PNP Luis Valencia, jefe operativo de la Dircote, en un helicóptero MI-17 los efectivos enrumbaron hacia el caserío Primavera en el distrito de José Crespo y Castillo, luego de ser informados de que sediciosos al mando de 'Izula', identificado como Edgar Nicanor Mejía Ascencio, se desplazaban al caserío Mariscal Sucre, distrito de Cholón, provincia de Huacrachuco.

A las 6:30 a.m. de ayer, acompañados por un fiscal llegaron a una chacra abandonada y en una choza hallaron indicios de reciente presencia subversiva. Encontraron impresos de Sendero Luminoso, municiones de diferente calibre, documentos que comprometen a Mejía Ascencio, además de una radio de comunicaciones de fabricación artesanal y prendas policiales, entre otras especies.

Al registrar la vivienda hallaron gran cantidad de restos de alimentos en estado de descomposición, latas de cerveza y otros productos de consumo humano. La policía deduce la presencia de un campamento terrorista, remanente senderista al mando de 'Izula', formado por un aproximado de diez personas. 'Izula' es considerado el actual número dos de Sendero en el Huallaga.

Una aliada de los narcoterroristas es la espesa vegetación de la zona, que hace casi imposible ubicarlos. En otros casos, ante la presencia de los helicópteros, esconden las armas y se hacen pasar como simples peones campesinos, lo que dificulta su intervención e identificación.

SEPA MÁS

Después de la operación Volcán 2007, del pasado lunes 28, que concluyó con la detención de los números dos y tres del comité regional del Huallaga (CRH), al cabecilla 'Artemio' le quedan pocos militantes con experiencia. 4Edgar Mejía Ascencio, 'Izula', reemplazó como mando militar y número dos del comité regional del Huallaga al fallecido Mario Espíritu Acosta, 'JL'. 'Izula' es señalado por la policía como uno de los jefes de los pelotones de fusileros que participaron en las emboscadas de Tocache, el 20 de diciembre de 2005, y Aucayacu, el 24 de junio de 2007, en las que fueron asesinados 11 policías y un fiscal.

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA CRIMINAL

Juan Laguna Domínguez, conocido como 'Piero', con muchos años en la actividad terrorista, sería ahora el número tres del comité regional del Huallaga, según información de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional.

Dentro de la jerarquía terrorista en el Huallaga , de acuerdo con la Dircote, la número cuatro ha sido identificada como Elisa Culantres Córdova, 'Evelyn', quien para plegarse al grupo criminal abandonó a su esposo y a sus dos hijos. Luego de integrarse a la columna narcoterrorista se convirtió en la conviviente de 'Piero'.

Es ella quien aparece en la conferencia de prensa que ofreció 'Artemio' en noviembre del 2006.
El último de la llamada lista roja es Félix Mejía Ascencio, 'Mono', hermano de 'Izula', experimentado en emboscadas.

Se calienta frontera con Chile

Mientras que el comandante general del Ejército Peruano, Edwin Donayre, afirmó que el incidente del vehículo militar peruano que ingresó a Chile ha sido resuelto, la Cámara de Diputados del vecino país del sur llamó a los directores de sus servicios de inteligencia para solicitarles más información.

“Esta situación debe llevarnos a analizar la situación en una perspectiva de seguridad de nuestro país; no es posible que no se haya activado ninguna medida de seguridad; no es posible que la improvisación haya primado”, refirió el diputado Renán Fuentealba, quien preside la Comisión Especial de Inteligencia, informó el diario El Mercurio Online.

Por su parte, el general Donayre informó que el camión militar se desvió de su ruta en territorio peruano en su intento por evadir un campo minado, pero nunca tuvo la intención de ingresar a territorio chileno, y menos con ánimo ­ofensivo.

El incidente ha levantado polvareda en el Congreso chileno, al punto que se ha cuestionado seriamente la seguridad en la frontera chilena con nuestro país. Fuentealba apuntó que ninguna autoridad militar sabe lo que el camión peruano hizo en las horas que estuvo en territorio chileno.

Para el presidente de la Comisión Especial de Inteligencia de Chile, la situación es más grave porque –dijo– el camión regresó a territorio peruano sin haber sido revisado, sin constatar identidades de los soldados que estaban a bordo, excepto del coronel.

“Hay que ser claros, en materia de seguridad, no podemos ser ingenuos; los peruanos constataron que ingresar a territorio chileno no pone en marcha ningún procedimiento operativo para hacer frente a esta incursión”, aseveró.

“Ese camión transitó por caminos minados que están señalizados, no sabemos cuánto se internó en territorio chileno, cuantos kilómetros recorrió; podemos suponer perfectamente que tomaron fotografías, que mapearon la zona, etcétera”, agregó. Además, advirtió que si las explicaciones de los directores de inteligencia no son suficientes, se citará a los comandantes generales.

Arica da por superado incidente de patrulla peruana y sanciona a carabinero

Un suboficial de Carabineros fue sancionado por supuestamente autorizar el regreso al Perú en condiciones irregulares de un camión militar peruano que traspasó la frontera, informó el gobernador provincial de Arica, Luis Gutiérrez Torres, quien dio por superado el incidente.

"La investigación sumaria para definir al responsable de esa acción concluyó dentro de las 24 horas acordadas y recayó en un suboficial de Carabineros", afirmó el gobernador Gutiérrez Torres.Si bien el nombre del suboficial sancionado no fue dado a conocer, se informó que recibirá sanciones administrativas por no haber informado de la situación a sus superiores y autorizar el regreso en condiciones irregulares del camión peruano, informó el diario 'El Mercurio'.

La autoridad aclaró que fue este funcionario, con veinte años en la institución, quien permitió el paso del camión, excluyéndose de toda participación a personal de Aduanas."Damos por superado el incidente con las explicaciones y disculpas del general peruano Carlos Farach, quien vino con el coronel Alan Torrico", agregó Gutiérrez Torres.

El gobernador expresó que normalizada esa situación "ahora se seguirá trabajando para evitar que esas situaciones vuelvan a ocurrir".El hecho motivó investigaciones sumarias tanto en Carabineros como en la Dirección Nacional de Aduanas.

La situación se produjo tras el ingreso a territorio nacional de un camión militar peruano con 20 soldados al mando del coronel Alan Torrico, que se internó cerca de dos km, al quedar entrampado en senderos arenosos y cerca de zonas minadas.Posteriormente, el vehículo militar llegó al complejo fronterizo de Chacalluta donde personal policial lo autorizó a retornar a Perú.

La seguridad del país fue vulnerada

Militar filtró información sobre los aviones y el estudio de seguridad de la base aérea de Taura.

Perú recibió tanta información secreta de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, de parte del suboficial Carlos Romero Pico, que aquello dejó vulnerable al Ecuador a cualquier ataque sorpresivo.Una vez descubierta la filtración, las Fuerzas Armadas hicieron un rápido reordenamiento de sus planes de defensa.

El hace poco posesionado comandante de la Fuerza Aérea (FAE), general Rodrigo Bohórquez, considera que la sanción a Romero debió ser mayor. “Lógicamente, se deberá revisar el proceso para conocer cómo fue llevado y pronunciarme. No me gusta la decisión”.

Dos años después de dictada la sentencia, el general Bohórquez dice que “se trata de una cosa juzgada”.Pese a la gravedad del delito, desde diciembre de 2007, el juzgado Penal de la Primera Zona Aérea le permitió al suboficial gozar de una libertad condicionada. Es decir, podía salir dos días a la semana y volver para continuar cumpliendo su condena.

Desde el 18 de marzo del presente año, la llamada prelibertad es de al menos cinco días. Un juez militar -lejano al caso- señaló que Romero puede haberse acogido a ese beneficio cuando cumplió 3/5 de su pena.Pero ni el comandante de la FAE conoce hoy la razón de esa prelibertad del ex suboficial. “Yo entendería que se trata de una reducción por buena conducta, pero es un comentario que hago en base a lo poco que conozco”.

El suboficial Romero fue el militar que, durante los siete años que estuvo en lugares estratégicos de la FAE y del Comando Conjunto, logró extraer centenares de documentos reservados de las Fuerzas Armadas para dárselos al vecino país, que el 26 de octubre de 1998, firmó un acuerdo de paz con Ecuador, que puso fin a un diferendo limítrofe de décadas.

Durante el tiempo que permaneció en la Escuela Superior Militar de Aviación, el suboficial filtró a la Fuerza Aérea Peruana (FAP) el plan de Defensa Antiaéreo “Oso” y otros documentos calificados de secretísimos (ver infografía) porque en ellos descansa la seguridad interna y externa del país.Desde el 3 de agosto de 1998 hasta el 24 de mayo de 1999, tiempo que estuvo en la Dirección de Inteligencia de la FAE, Romero traspasó al vecino país la identificación y características de las aeronaves de la FAE; los códigos y los nominativos de la dirección de Inteligencia y los informes sobre las deficiencias de vehículos para la ejecución de los trabajos de operaciones de Inteligencia y contrainteligencia de personalidades de la Embajada de Perú en Quito.

Pero no solo, eso, sino que les entregó el estudio sobre la seguridad de la Base Aérea de Taura, la de Lago Agrio y del edificio de la Comandancia General. También les dio las nóminas y el orgánico, por antigüedad, de los oficiales y aerotécnicos de la especialidad de Inteligencia.

Perú logró acceder, además, al plan de control y vigilancia de los blancos (personas de nacionalidad peruana), a los que se les hacía seguimiento mientras estaban en el territorio nacional.

A la FAP también se le dio acceso a las direcciones de las oficinas de Inteligencia que se habían creado en Quito, Guayaquil, Manta y Lago Agrio, que fortalecían el sistema.

Otros documentos filtrados fueron los proyectos del Comando Conjunto, los informes de las investigaciones y los estudios de seguridad.

Con los informes elaborados en su contra tras su detención el 2 de julio de 2005, en la frontera con Perú, y las pruebas halladas en el computador y CDs incautados, se inició inmediatamente el juicio contra el suboficial Carlos Romero Pico, en la Primera Zona Aérea.

Un año después, el 31 de julio de 2006, la FAE le dio la disponibilidad y dos meses más tarde (7 de septiembre) fue sentenciado a cinco años de prisión, que está cumpliendo a medias.

Cronología

El reporte deL material belico

Este documento también fue entregado por Romero a los militares peruanos, que integraban la red de espionaje. Este contenía el cuadro de existencias del material, con sus respectivas referencias. Aquello, en caso de que ocurriera un conflicto, volvía vulnerable al país.

Los manuales de procedimiento

Uno de los documentos claves, para el control del espacio aéreo, es el manual de normas y procedimientos operativos del Comando de Defensa Aérea. Este documento fue hallado en el computador que el suboficial Romero tenía en su casa en Manta.

Chile protesta por ingreso de camión militar de Perú

Alejandro Foxley exige explicaciones y califica incidente de "anormal e inaceptable". En Lima, canciller dice que fue incidente menor y que los mandos militares ya conversaron.

Lo que en la mañana pareció ser un incidente sin mayor trascendencia en la frontera peruano-chilena se convirtió, en la tarde, en un hecho de gravedad para el gobierno de Michelle Bachelet.

El canciller de Chile, Alejandro Foxley, exigió una pronta explicación al Perú por el ingreso, a su territorio, de un camión con soldados peruanos. Es más, consideró "anormal e inaceptable" la situación y señaló que tanto su sector como la Gobernación de Arica realizan una investigación sumaria.

"Esperamos que la parte peruana haga lo mismo y que dé una explicación razonable de lo que ocurrió, porque no es normal que este tipo de situaciones sucedan, ni tampoco son aceptables", declaró a la prensa de Santiago.

Al respecto, el gobernador de Arica, Luis Gutiérrez, dijo que "indudablemente hubo una irregularidad" en la forma como las autoridades del complejo fronterizo de Chacalluta permitieron el retorno del vehículo peruano sin avisar antes de la situación a sus superiores.

LOS HECHOS.

Fuentes extraoficiales indicaron a Perú.21 que el comandante general del Ejército, Edwin Donayre, se comunicó con su par chileno, "scar Izurieta, para explicarle que se trató de un hecho fortuito y para ofrecerle disculpas. Tras la conversación, el incidente fue superado.

Esto lo corroboró el comandante de la Primera Brigada Acorazada de Chile, Sergio Béjares. "Nos han pedido disculpas (...) fue un error humano y han dado las explicaciones", anotó. Por eso, según pudo conocer este diario, el Gobierno se sorprendió por la reacción de Foxley.

El hecho se registró el último lunes, cuando un camión del Ejército que realizaba su recorrido paralelo a la frontera se encontró con carteles que advertían sobre un campo minado y, para evitarlo, el chofer giró, ingresando a tierra chilena.

INCIDENTE MENOR.

Perú.21 se comunicó con el canciller José Antonio García Belaunde, quien calificó la situación como "un incidente menor". Además, afirmó que las explicaciones ya las han dado los altos mandos militares a sus similares de Chile. Consultado sobre los términos usados por Foxley, dijo que el tema fronterizo siempre es sensible, pero aseguró que él no sabía el contexto de esas declaraciones ni si el ministro estaba al tanto o no de los diálogos entre los oficiales de ambos países.

"No hubo un propósito violatorio, fueron las circunstancias las que obligaron al vehículo a avanzar casi dos kilómetros tierra adentro", insistió tras manifestar que, si recibe una comunicación escrita del Gobierno chileno, la responderá.

El espía que se vendió al Perú

En 84 meses de operaciones, entre 1998 y 2005, Inteligencia peruana accedió a información secreta de la Defensa Nacional. Cerca de mil documentos se filtraron con ayuda de un informante de la FAE

El 2 de julio de 2005, el Servicio de Inteligencia de la FAE desbarató el sistema más efectivo de espionaje que implementaron las Fuerzas Armadas del Perú (FAP) en el país. Comandos de esa fuerza culminaban el operativo de contraespionaje “Águila” con el allanamiento de la casa del suboficial Carlos Edmundo Romero Pico, en Manta, mientras la justicia daba luz verde al levantamiento del sigilo bancario de sus cuentas.

Ese día Romero Pico, quien pertenecía al Ala de Combate No. 23 de Manta, caminaba sin temor en Huaquillas, con dirección a un encuentro con miembros de la Inteligencia peruana en un restaurante de Aguas Verdes (Perú). Llevaba tres discos compactos que contenían 13 documentos reservados que le habían encargado sus vecinos. Fue detenido en la oficina de control de frontera.

Cerca de una veintena de militares trabajaron en la identificación del militar ecuatoriano que filtró información a las fuerzas peruanas por siete años. Inteligencia de la FAE calcula que desde 1998 hasta 2005, el suboficial Romero Pico entregó a la Inteligencia peruana más de 900 documentos relacionados con estrategias de defensa, teatros de operaciones bélicas, apreciaciones de inteligencia, análisis técnicos de armamento, sistema de espionaje y contraespionaje, así como de recursos internos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

La venta

El informe Águila calcula que Romero Pico habría ganado unos 150 mil dólares por la información entregada. El dinero se lo habrían entregado personalmente en sus encuentros con los peruanos y a través de decenas de transacciones financieras.

La Inteligencia peruana estudió el perfil del suboficial de la FAE y logró convencerlo “explotando su situación económica y debilidades personales”. Romero debía cuidar de siete hijos, fruto de cuatro relaciones sentimentales. Sus ingresos líquidos por quincena no superaban los 110 dólares.

Nunca se destacó en la vida militar; mantenía las últimas antigüedades y en su hoja de vida se registran 63 días de arresto.

Psicológicamente fue catalogado como “ambicioso, audaz, calculador, decidido, astuto”, pero sobre todo “inconforme en la autoridad, indisciplinado, sin principios éticos y morales”.

Fue reclutado por el teniente coronel de la Fuerza Aérea Peruana (FAP), Efraín Rojas, quien ejercía funciones en la embajada de Perú en Quito.

Sus primeros contactos se dieron en centros comerciales de la capital y el primer desembolso fue decisivo. Recibió 2.500 dólares en 1998, en plena crisis bancaria.

Desde que el servicio peruano de Inteligencia tomó “control” del informante, los contactos se realizaron principalmente en un restaurante llamado “Ojitos”, en Aguas Verdes. El objetivo fue precautelar la seguridad de los militares peruanos.

Los acercamientos se realizaban desde teléfonos móviles y convencionales y correos electrónicos. Antes de su captura, la FAE intervino sus llamadas e ingresó a su cuenta personal de Hotmail. Se determinó entonces las formas de pago: las transferencias de dinero iniciaban en una entidad financiera del Perú, se transfería a una cuenta en el Wachovia Bank de Nueva York, y desde allí hasta la cuenta del banco Internacional, de la compañera sentimental de Romero, obtenida en Manta.

La Fuerza Aérea compró la realización de al menos 55 transferencias por 65.000 dólares. Parte de ese dinero incluso se depositó en el propio banco de los militares, el Rumiñahui.

Traición a la Patria

Cuesta creer que un suboficial, miembro de la tropa de la Fuerza Aérea, obtuviera y transfiriera tanta información calificada sin ayuda alguna. La pregunta clave es: ¿Por qué en Romero Pico cayó toda la responsabilidad?

En el proceso penal militar que se inició en su contra en la Primera Zona Aérea, se lo sentenció a cinco años por el delito de alta traición a la Patria. No hubo más culpables.

Este Diario pidió una copia de ese juicio para conocer los detalles de los hechos, pero el juzgado negó la entrega del expediente de 15 cuerpos, a pesar de que se trata de información pública. El abogado de Romero prefirió no hablar.

El informe de Inteligencia no involucra a otros militares ecuatorianos a pesar de toda la información que él filtró a Perú.

Entregó una decena de documentos -fechados entre 1992 y 1998- obtenidos en la Escuela Superior Militar de Aviación. Entre 1998 y 1999 Romero fue trasladado a la Dirección de Inteligencia de la FAE (Difae). Desde esas funciones proporcionó al Perú un documento vital para su relación con los vecinos: “Deficiencia de los trabajos de operaciones de Inteligencia y Contrainteligencia de personalidades de la embajada del Perú”.

También se encargó de devolver documentos obtenidos en el Perú por la Inteligencia ecuatoriana. Esa retroalimentación de información le permitía a las fuerzas del Sur reordenar sus planes en la medida que Ecuador se enteraba de su planificación militar.

Para los años 1999 y 2000, Romero Pico fue enviado al Comando Conjunto. El resultado: 23 documentos filtrados.

Entre abril de 2002 y junio de 2005 fue trasladado al Comando de Defensa Aérea (Comda). Desde el nuevo cargo le vendió al Perú otros 15 documentos.

El líder de la red

De acuerdo con el informe Águila, el general de la FAP, Luis Valcarcel Hare, fue quien lideró desde Lima la red de espionaje. Junto a él colaboraban los mayores Grozzo Wolfgang y Jorge Arana Villón. Estos últimos fueron los contactos directos del suboficial Romero Pico.

Indirectamente se menciona el nombre de otros peruanos: Juan Carlos Blanco Requena y Carlos Domínguez Suárez. Se identificó al menos 14 llamadas al Perú por parte del suboficial a todos ellos.

Con el allanamiento a su casa en Manta se develó el flujo de comunicación que mantenían entre sí. Se encontró 21 mensajes desde febrero de 2004 hasta junio de 2005. En ellos se detalla sus acciones, enmascaradas en un supuesto negocio de compra y venta de mercaderías.

En uno de los últimos mensajes, en mayo de 2005, Blanco Requena le dice: “existe la posibilidad de alimentar a una empresa mucho más grande que centraliza a todas las demás ya que por el momento el viejo está nervioso. Se hablaría personalmente con alguien de peso…”.

Dos meses después, Romero fue capturado con todas las pruebas en su contra. El juicio se tramitó en doce meses y fue sentenciado a cinco años. Hoy debería guardar prisión en el cuartel Eplicachima, al sur de Quito.