Además, anuncian que iniciarán asesinatos selectivos de personas que colaboran con las fuerzas del orden.
Al mismo estilo que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ahora Sendero Luminoso produce y le vende droga a los carteles del narcotráfico que operan en el Valle del Río Apurímac-ENE. Esto deja muy en claro que la alianza de Sendero y las organizaciones criminales del narcotráfico ya no sólo se limita a protección y seguridad, a cambio del cobro de ‘cupos’.
Esta relación comercial de compra-venta de droga entre Sendero y los ‘narcos’ se da, más precisamente, en las zonas próximas a los campamentos subversivos itinerantes del Huallaga y del VRAE. Así, SL fortalece sus finanzas con las ganancias que le proporciona esta ilegal actividad, lo que a su vez le facilita contar con más dinero para desplazarse o comprar ropa, víveres, medicinas, equipos de comunicación, armas y pertrechos.
Documentos reservados a los que pudimos acceder sindican además a los grupos narcoterroristas que comandan los camaradas ‘Alipio’ y ‘Artemio’ como los que buscan entrelazarse con traficantes de drogas colombianos que se movilizan exactamente en los mismos reductos que las facciones senderistas, las que, a cambio de dinero y armas de los ‘narcos’, les proporcionan seguridad a los cultivadores ilegales de hoja de coca; resguardo para las pozas de maceración y centros de acopio ubicados en zonas urbanas próximas a las cuencas cocaleras; y protección para los embarques o traslados de drogas e insumos químicos.
Vale precisar que los ‘acuerdos’ entre los carteles del narcotráfico y los remanentes senderistas del VRAE y del Huallaga se realizan a través de los mandos de dichas organizaciones quienes, a su vez y de acuerdo a las circunstancias, delegan este tipo de responsabilidad a miembros de confianza por tratarse de considerables sumas de dinero por la custodia de cargamentos de droga.El informe reservado revela además que la alianza narcoterrorista ha iniciado un proceso de identificación de colaboradores de las fuerzas del orden (ya sea de las FF AA o de la PNP) y del Ministerio Público, con el fin de eliminarlos.
Esto ya se vio hace algunos días con el asesinato en el caserío La Fe, distrito de Irazola, provincia de Padre Abad, en Ucayali, de la familia Cámara, seis personas tres de ellos niños, que apoyaba la erradicación de coca ilegal y se dedicaba a cultivos alternos.
De continuar los hechos de violencia contra colaboradores y otras personas que representen un obstáculo para los intereses del narcotráfico y el terrorismo, especialmente en el Huallaga y el VRAE, se constituirán en actos de intimidación y amedrentamiento que generarán temor y pánico colectivo, condición que puede ser explotada por los mandos de Sendero para impulsar los llamados ‘paros armados’, en determinados ámbitos locales, lo cual a su vez favorecerá a que los narcotraficantes desarrollen su actividad ilegal.
Narcoterrorismo y cocaleros
Además de realizar asesinatos selectivos y hostigamientos a las fuerzas del orden, los ‘narcos’ y los remanentes senderistas han optado por manipular e influenciar a la dirigencia de los gremios cocaleros para oponerse a los programas contra el narcotráfico.Todo este conjunto de acciones en las que convergen y participan cocaleros, narcotraficantes y terroristas está orientado a garantizar el abastecimiento de la hoja de coca, razón por la cual las posiciones radicales que adoptan así como los conflictos que generan se dirigen a ese propósito.
El documento señala que debe tenerse en cuenta que la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (Conpaccp) y la Central Nacional de Agricultores Cocaleros del Perú (Cenacop), son dos representaciones de ámbito nacional que pugnan por el protagonismo político en las principales cuencas cocaleras del país como son el Huallaga, VRAE, La Convención Lares, Inambari-Tambopata y San Gabán.Estos gremios en sus medidas de fuerza han coincidido en el planteamiento de su plataforma de lucha al considerar demandas como el cese inmediato de la erradicación de los cultivos de coca; el empadronamiento total de los campesinos cocaleros; la eliminación de Enaco como agente comprador de la coca; y retirar a la hoja de coca de la lista N° 1 de estupefacientes de la Convención de Viena para lograr su despenalización y nombrarla como patrimonio nacional.
Coca en áreas protegidas
Esta compleja situación trae consigo un incremento de las áreas de cultivo en las cuencas cocaleras, llegando inclusive a afectar áreas naturales protegidas (Parques Nacionales, Santuarios Nacionales, entre otros), donde pobladores se desplazan hasta esos lugares, sin tener en cuenta los perjuicios que causan al ecosistema al extender los cultivos de coca hasta esos ámbitos.
Esta compleja situación trae consigo un incremento de las áreas de cultivo en las cuencas cocaleras, llegando inclusive a afectar áreas naturales protegidas (Parques Nacionales, Santuarios Nacionales, entre otros), donde pobladores se desplazan hasta esos lugares, sin tener en cuenta los perjuicios que causan al ecosistema al extender los cultivos de coca hasta esos ámbitos.
Es el cartel mexicano de Juárez, que encabeza Juan José Esparragoza, el que se encuentra empeñado en consolidar la proyección de los carteles mexicanos en el Perú. Para ello tienen previsto expandir los cultivos ilícitos en los parques nacionales de Tingo María, Manu, Bahuaja-Sonene, Cordillera Azul, Otishi, Yanachaga-Chemillen, Yanta de Ayabaca, Chachapoyas, Condorcanqui, Jaén, y San Ignacio, así como el Santuario Tabaconas-Namballe.
La ruta blanca
Los carteles mexicanos de la droga emplean el siguiente ‘modus operandi’. La droga es conducida desde la selva hasta la costa utilizando los puertos norteños de Chimbote, en Áncash; el de Salaverry, en La Libertad; y, principalmente, el de Paita, en Piura, donde alquilan o compran, a través de testaferros, medianas embarcaciones pesqueras dedicadas a acopiar y trasladar los cargamentos de droga hasta altamar.
Los carteles mexicanos de la droga emplean el siguiente ‘modus operandi’. La droga es conducida desde la selva hasta la costa utilizando los puertos norteños de Chimbote, en Áncash; el de Salaverry, en La Libertad; y, principalmente, el de Paita, en Piura, donde alquilan o compran, a través de testaferros, medianas embarcaciones pesqueras dedicadas a acopiar y trasladar los cargamentos de droga hasta altamar.
Luego son transbordados en ‘narcobuques’ de mayor calado que llevarán la droga a los puntos de destino como son el puerto de Quetzal, en Guatemala; y los puertos mexicanos de Manzanillo, Mazatlán y Lázaro Cárdenas.
El dato
La pregunta salta por sí sola. ¿No sería mejor que se refuerce la vigilancia policial (y de ser posible militar) en los puntos de salida de la droga como Chimbote, Salaverry y Paita, además de otros puntos de salida por tierra. Es sólo cuestión de voluntad política.
La pregunta salta por sí sola. ¿No sería mejor que se refuerce la vigilancia policial (y de ser posible militar) en los puntos de salida de la droga como Chimbote, Salaverry y Paita, además de otros puntos de salida por tierra. Es sólo cuestión de voluntad política.
